Ayer se publicó en el BOE el RD-Ley 31/2020 en el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. ANPE hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no convaliden los artículos relativos a la promoción y titulación del alumnado. En el artículo 5, sobre los criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y en el artículo 6, sobre los criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, se traslada a las Comunidades Autónomas la capacidad de regular los criterios de promoción y titulación.
La redacción de estos artículos “permite a los centros y a los equipos docentes que modifiquen de manera excepcional estos criterios, en base a lo que regule cada administración educativa”. En lo que respecta a la titulación en ESO y Bachillerato, recoge también que, dicha decisión, “no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones.”
Desde ANPE “queremos denunciar la dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pues es competencia del Estado la expedición de títulos académicos, como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora”.
Para el sindicato, “no se puede dejar al albur de las Comunidades Autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes. Si se mantiene esta redacción no solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado”.
