El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sentenciado que el cese de los consejeros y viceconsejeros del anterior Gobierno de Juan José Imbroda por el actual presidente Eduardo de Castro no se ajustó a la legalidad porque los destituyó cuando aún no había jurado el cargo. Esta decisión, que es recurrible, plantea a los perjudicados la posibilidad de acusar a De Castro de la presunta comisión de un delito de prevaricación, consistente en tomar una decisión a sabiendas de su ilegalidad. La satisfacción entre los anteriores responsables por este fallo judicial que se conoció anoche era notoria. El PP ve más cerca la posibilidad de apartar de la vida política a Eduardo de Castro después de que la Justicia les haya dado la razón tras aceptar el recurso contencioso administrativo presentado por Daniel Conesa, Manuel Ángel Quevedo, Esther Donoso, Daniel Ventura y Fadela Mohatar contra sus ceses como consejeros del Gobierno por el diputado naranja cuando esté aún no había tomado oficialmente posesión de su cargo.
El principal partido de la oposición ha subrayado que estas órdenes y otras tomadas por De Castro "constituyen un presunto delito continuado de prevaricación, ya que en esos momentos las atribuciones correspondían a Juan José Imbroda como presidente en funciones".
