Según el sindicato, el nuevo Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la Educación no Universitaria “vuelve a poner de manifiesto la desconsideración que ejerce el Ministerio de Educación hacia el profesorado y sus representantes”. Habiendo tenido una Mesa de negociación el lunes, día 28 -el día previo al anuncio de este nuevo Real Decreto- “es impresentable que no se dijese nada. La mínima cortesía exige que se nos hubiese, al menos, informado, cuando no negociado los aspectos incluidos en esta nueva ley”. Con todo ello, “demuestra un desprecio hacia las organizaciones sindicales representativas del profesorado, impropio de un Ministerio que forma parte de un gobierno teóricamente progresista”. Además, señala que, el contenido del Real Decreto, “tampoco mejora las cosas. Varias son las novedades que nos llenan de preocupación: Se exime al profesorado que ocupe plazas derivadas directamente de las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia de la COVID 19 de la formación pedagógica necesaria para impartir docencia (Máster de Educación, antiguo CAP, y equivalentes)”.
Desde Sate-Stes “debemos criticar esta postura que degrada el trabajo docente, en la medida que establece que para ejercer esta profesión basta con tener los contenidos teóricos de la asignatura o área en la que se imparte docencia, pero sin tener ningún tipo de formación pedagógica. El sinsentido lo puede entender perfectamente la opinión pública: se puede ejercer la docencia sin tener conocimientos de pedagogía, didáctica, psicología, legislación escolar, etc.”. Si este asunto hubiese sido negociado con las organizaciones sindicales “se podían haber acordado medidas excepcionales, como por ejemplo asegurar unos cursos de formación pedagógica obligatoria organizados por las administraciones educativas a lo largo del año para todo este personal docente; pero ni siquiera esto”.
Ofertas de empleo público
Por otra parte, señala el sindicato, se prorroga el actual sistema de acceso transitorio a la función pública docente mediante el cual se hicieron las ofertas de empleo público docente de 2017 y 2018, que se ejecutaron en las oposiciones convocadas en 2018 y 2019. “Lamentamos la falta de voluntad política del Ministerio a la hora de abordar el asunto del acceso a la función pública docente, las ofertas de empleo público y su directa relación con la consolidación del empleo interino”.
Sistema de acceso
El sistema de acceso que está prorrogando “es el que puso en su día el gobierno del Partido Popular en 2017, que en aquel momento la Confederación de STEs-i criticó y que el PSOE, entonces en la oposición política, se posicionó también en contra de este sistema, comprometiéndose a cambiarlo en el momento en el que estuviesen gobernando”, recordando que “incluso llegó a proponer medidas como suprimir el carácter eliminatorio de las pruebas que conforman la oposición; presentó una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, etc.”. Ahora, “continúan con el mismo sistema que criticaban hace tres años y que nosotros, como confederación de STEs-i rechazamos (entonces y ahora) porque no arregla el problema de decenas de miles de interinos e interinas que ven peligrar sus puestos de trabajo y que corren el peligro de quedar fuera del sistema educativo por mucho tiempo cuando no de forma definitiva”.
Modificación de criterios
Asimismo se establece en el Real Decreto que se deja en manos de las administraciones educativas, es decir, de las consejerías de Educación de las CC.AA., la posibilidad de modificar los criterios de evaluación, promoción y titulación. “Se trata de una medida, tal y como está redactada, enormemente polémica”. Seguramente, “puede haber un consenso general a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilicen (“abrir la mano” en términos coloquiales) todos los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos”.
El problema está en que el Ministerio, haciendo otra vez gala de su falta de liderazgo, “traslada a las CC.AA. una competencia que, en lo que estrictamente tiene que ver con la promoción y la titulación, es suya”. Dejarlo en manos de las CC.AA. lo único que genera “es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste”. Pensemos, por un momento, que en una comunidad autónoma el criterio a la hora de obtener el título de graduado en ESO o en Bachillerato es uno, y en otro territorio es otro; o que la repetición de curso en unos territorios se hace con un número de asignaturas suspensas y en otros territorios con un número mayor o menor.
Ya a lo largo del curso pasado el Ministerio dictó indicaciones en este mismo sentido (entonces eran sólo recomendaciones que no se sustanciaron en una norma de ningún rango legal). En realidad, “lo único que generó con aquello fue un lío monumental sin ningún efecto práctico, excepto la confusión que provocó en la opinión pública a la que se hizo creer que iba a haber una mayor flexibilidad en todo lo relativo a evaluación, promoción, etc. que luego no se sustentó en ninguna norma legal autonómica, sino en el voluntarismo del profesorado. Nos tememos que ahora vuelva a pasar lo mismo”.
Supresión de las evaluaciones finales
Por último, se suprimen las evaluaciones finales de Primaria y ESO; y se hace no transitoriamente mientras dure la pandemia, sino con carácter permanente. En el caso de la ESO, al derogar con carácter permanente el artículo 29 de la LOE, implicaría, según su interpretación, “la vuelta a la evaluación continua y el fin de la prueba final tanto ordinaria como extraordinaria (la que en unos territorios se hacía en junio y en otros en septiembre)”. Es, según el sindicato, “la única buena noticia que trae este Real Decreto-Ley”. Se pone fin, y con carácter permanente, a las pruebas finales de Primaria y ESO, “que siempre valoramos muy negativamente desde el punto de vista pedagógico”. En el caso de la ESO era doblemente polémica por el hecho de que tuviese dos convocatorias anuales (ordinaria y extraordinaria) con lo que esto implicaba de introducción de elementos de complejidad organizativa en la vida de los centros.
