Según ha podido saber este Diario de fuentes judiciales consultadas, los letrados Ángel Gil y Fernando Meliveo han solicitado la nulidad de las actuaciones en el proceso judicial abierto tras el amotinamiento ocurrido el pasado mes de agosto en el CETI por errores en la toma de declaraciones de los detenidos. De aceptar la juez esta solicitud, sería preciso reiniciar todo el procedimiento. Se ha solicitado la nulidad de las actuaciones porque, aunque en la toma de declaraciones de los 32 primeros inmigrantes acogidos, sólo les asistió un letrado del turno de oficio que se encontraba de guardia, en este caso Fernando Meliveo, en el acta del juzgado se afirma que prestaron declaración con la asistencia de los letrados Meliveo y Ángel Gil.
Según las fuentes consultadas, tras la detención se siguió “el trámite procesal normal”, en el sentido de que se grabaron las declaraciones de los detenidos que contaron con asistencia letrada, pero la diferencia con el acta, es que sólo participó un abogado y no dos como se hizo constar. Este error ha conducido a los dos letrados a solicitar la nulidad de actuaciones.
El proceso abierto por el amotinamiento en el CETI ha visto ampliado hace unos días el número de detenidos, que ha pasado de 32 a 41 al incorporarse nueve nuevos encausados. A siete de ellos se les ha podido tomar declaración y hay dos que aún no porque se encuentran en cuarentena por coronavirus. De los siete, cinco han sido trasladados a la prisión y los otros dos seguirán en el CETI porque se trata de un matrimonio con niños de corta edad.
Un total de 8 abogados de oficio se encargan del caso de estos inmigrantes, mientras que Ángel Gil representa a otros seis como particular. Los defensores no comparten la decisión de la Fiscalía que solicita el ingreso en prisión alegando riesgo de fuga, en especial porque la frontera con Marruecos permanece cerrada y porque hay algunos casos, como una joven solicitante de asilo, con un “claro arraigo en Melilla” dado que cuenta con familia en la Cañada.
Si la juez que lleva la instrucción acepta la petición de los abogados, se reiniciaría todo el proceso, que es precisamente lo que buscan los letrados para que se lleve a cabo “la investigación de forma oportuna”.
Mientras que se ha decretado la prisión para los detenidos por riesgo de fuga, los inmigrantes alegan en su defensa, que no participaron en la reyerta.
Motín
Los hechos se remontan al 26 de agosto cuando un total de 32 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla eran detenidos por su implicación en un violento motín que protagonizaron durante horas en el interior de dicho centro un gran número acogidos en él. Se trataba del segundo día de protestas de una parte de la población migratoria en este centro para exigir su traslado a la península y el cese del confinamiento por el coronavirus. Este grave altercado se saldó, además, con cerca de una veintena de heridos entre los agentes y vigilantes de seguridad que trataron de ponerle fin llegando a utilizar, incluso, material antidisturbios.
Los guardias civiles, policías nacionales y locales y los vigilantes del centro que intentaron frenar el motín, se encontraron con una lluvia de palos, piedras y otros objetos del mobiliario del CETI que fueron empleados por los inmigrantes amotinados en el pasillo de acceso al centro migratorio. Incluso levantaron barricadas.
También emplearon como armas arrojadizas papeleras, contenedores, y todo tipo de objetos contundentes que fueron encontrando en mitad de la tensión.
El motivo de las protestas, el hacinamiento del centro, los escasos traslados a la península y la aparición de los primeros casos de covid.
