En Ceuta han cortado por lo sano y la Policía Nacional ha iniciado los expedientes de expulsión de territorio español de los 54 ciudadanos marroquíes que se han negado a regresar a su país en las tres operaciones de repatriación que han organizado ambos países. ¿Por qué en Melilla debería ser diferente? ¿Por qué Melilla tiene que seguir pagando unos platos rotos que no le correspondían antes, y mucho menos ahora que Marruecos ya sí acepta a sus nacionales, aunque sea con la condición de que éstos quieran volver? Lo apuntaba ayer la senadora melillense, Sofía Acedo, pero la pregunta llevaba ya unos días en la calle. ¿Qué va a pasar con los marroquíes que han estado en los últimos meses viviendo en Melilla, atrapados por el cierre de las fronteras terrestres, y que no han pedido volver a su país en las repatriaciones organizadas por España y Marruecos? La vicepresidenta primera del Gobierno local, Gloria Rojas, no supo -o no quiso- responder a ello cuando se le preguntó, y eso que es la responsable del padrón en Melilla. Únicamente dijo, casi haciéndose la sueca, que no desconocía en qué situación quedaría ese grupo de marroquíes que, habiendo tenido la posibilidad de volver a su país, no lo ha pedido y, por lo tanto, se quedará en Melilla viviendo de manera irregular; que eso correspondía a la Delegación del Gobierno contestarlo y que “está al tanto de lo que está sucediendo”. Si no estuviera al tanto, no cumpliría con la responsabilidad que se le exige no ya como miembro del Gobierno de Melilla, sino además como vicepresidenta primera y como portavoz, lo que le obliga, sí o sí, a estar más “al tanto”, como ella dice, de todo lo que afecta a la Ciudad Autónoma si de verdad tiene voluntad de responder cuando los periodistas le preguntan. De lo contrario, estaría haciendo dejación de funciones.
Pero al margen de eso, la realidad es que nadie ha dicho aún qué va a pasar con esas personas y si los melillenses vamos a tener que seguir pagándoles la manutención y la acogida en uno de nuestros edificios patrimoniales, la sufrida Mezquita del Toreo, como llevan haciendo desde hace la friolera de seis meses. Si de verdad la acogida de estas personas cuesta 300.000 euros mensuales, como dijo allá por el mes de abril el consejero Mohamed Mohand, la Ciudad Autónoma lleva desembolsados casi 2 millones de euros. Según el PP, son 450.000 euros al mes, cuantía que no ha sido desmentida por el Gobierno de Melilla. En ese caso, el gasto de las arcas públicas locales rozaría los 3 millones de euros en solo medio año. ¿Y tenemos que seguir los melillenses pagando y callando, sosteniendo lo que ya se ha convertido en una cuestión de inmigración irregular? No olvidemos, como bien apostilló ayer la senadora Acedo, que a estas personas ya no se las puede considerar bloqueadas, atrapadas o varadas, como se quiera decir, pues su país de origen les ha dado la posibilidad de volver y ellas se han negado.
El caso es que en Ceuta han cortado por lo sano y la Policía Nacional ha iniciado los expedientes de expulsión de territorio español de los 54 ciudadanos marroquíes que se han negado a regresar a su país en las tres operaciones de repatriación que han organizado ambos países para facilitar el retorno de 368 compatriotas que permanecían atrapados en la ciudad autónoma desde el cierre de la frontera del Tarajal el 13 de marzo para contener la pandemia del coronavirus. La Delegación del Gobierno en Ceuta apunta que el Ministerio del Interior deberá decidir ahora si los expedientados que permanecían en el albergue provisional habilitado por el Ejecutivo ceutí en una nave comercial anexa al paso fronterizo podrán entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o se quedarán en la calle. Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha clausurado el alojamiento para realizar «tareas de desinfección y limpieza» y a partir de ahora lo utilizará para aislar a «los inmigrantes irregulares que lleguen a la ciudad autónoma y deban permanecer en cuarentena» siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Inmigración.
¿Por qué en Melilla debería ser diferente? ¿Por qué Melilla tiene que seguir pagando unos platos rotos que no le correspondían antes, y mucho menos ahora que Marruecos ya sí acepta a sus nacionales, aunque sea con la condición de que éstos quieran volver? Que responda alguien ya y se ponga fin a una situación que ya no se puede sostener más.
