La jueza que lleva la instrucción del amotinamiento del CETI ocurrido este verano ha decretado la nulidad de las actuaciones del caso, tal como pedían los letrados Ángel Gil y Fernando Meliveo, retrotrayéndolo al momento procesal anterior al acta del 28 de agosto en el que, según los abogados, se habían producido errores en la toma de declaraciones de los primeros inmigrantes detenidos por estos hechos. Los letrados solicitan la puesta en libertad de sus defendidos. Según la resolución a la que ha tenido acceso este Diario, la jueza ha determinado que “debe acordarse la declaración de nulidad de las actuaciones” por el motín ocurrido a finales de agosto en el CETI, “retrotrayendo las mismas al momento procesal anterior a la realización del acta de 28 de agosto de 2020”.
No obstante, añade que “deberá preservarse la validez de todos los actos procesales relacionados con la incorporación del atestado ampliatorio por parte de la Guardia Civil, así como la toma de declaraciones de los nuevos investigados a raíz de ese atestado y el auto por el que se acuerda su ingreso en prisión”.
Una vez decretada la nulidad de las actuaciones, se ha citado a los letrados a una vista el próximo lunes para dar continuidad al proceso que pasa de diligencias urgentes a previas, lo que conllevará un mayor periodo de instrucción. Los representantes legales de los inmigrantes detenidos piden la puesta en libertad de sus defendidos tanto por la nulidad como por el hecho de que “no hay riesgo de fuga”, que fue el argumento utilizado en su momento por la Fiscalía para su ingreso en prisión, porque la frontera con Marruecos permanece cerrada.
Consideran los letrados que sería “injusto” que en esta nueva situación permanecieran en prisión, a no ser que la autoridad judicial dictamine lo contrario. Lo que sí queda claro es que habrá que tomar de nuevo declaración a los presuntos participantes en la reyerta, que niegan haber tomado parte en los disturbios en cuestión por los que fueron encarcelados.
Nulidad
Los letrados solicitaron la nulidad de las actuaciones porque, aunque en la toma de declaraciones de los 32 primeros inmigrantes acogidos en el CETI y detenidos tras la reyerta sólo les asistió un letrado del turno de oficio que se encontraba de guardia, en este caso Fernando Meliveo, en el acta del juzgado se afirma que prestaron declaración con la asistencia de los letrados Meliveo y Ángel Gil.
Según las fuentes judiciales consultadas por este Diario, tras la detención se siguió “el trámite procesal normal”, en el sentido de que se grabaron las declaraciones de los detenidos que contaron con asistencia letrada, pero la diferencia con el acta, es que sólo participó un abogado y no dos como se hizo constar. Este error motivó la solicitud de nulidad que ha sido finalmente acordada.
El proceso abierto por el amotinamiento en el CETI se amplió unos días después aumentando el número de detenidos, que pasó de 32 a 41 al incorporarse nueve nuevos encausados. A siete de ellos se les pudo tomar declaración y otros dos quedaban pendiente por encontrarse en cuarentena por coronavirus. De los siete, cinco fueron trasladados a la prisión y los otros dos seguirían en el CETI porque se trata de un matrimonio con niños de corta edad.
Un total de 8 abogados de oficio se encargan del caso de estos inmigrantes, mientras que Ángel Gil representa a otros seis como particular.
Un motín con más de veinte heridos
Los hechos se remontan al 26 de agosto cuando un total de 32 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla eran detenidos por su implicación en un violento motín que protagonizaron durante horas en el interior de dicho centro unos 300 acogidos. Exigían su traslado a la península y el cese del confinamiento por el coronavirus. Este grave altercado se saldó, además, con cerca de una veintena de heridos entre los agentes y vigilantes de seguridad que trataron de ponerle fin llegando a utilizar, incluso, material antidisturbios.
