Madrid, Cataluña y las Islas Baleares fueron las más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica en 2018, según el Instituto de Economía de Barcelona (IEB). Los ciudadanos de estas tres comunidades reciben de media un 17% menos de lo que aportan a la Administración Central. Extremadura, Castilla La Mancha y Galicia, por otro lado, son las más beneficiadas, acabando con un volumen de recursos muy superior a la media pese a generar menos recursos tributarios que la media. En concreto, los volúmenes de recursos en Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia incrementaron debido al sistema de financiación un 74%, 36% y 33%, respectivamente. Mientras que en Madrid, Baleares y Cataluña acabaron con un 24,4%, 15,5% y 10,2% menos, respectivamente. Entre las recomendaciones recogidas por el IEB se incluye "adaptar el cálculo de los pagos a cuenta a la realidad económica del momento y no a unas previsiones futuras" como hasta ahora, y también ajustar las retenciones en el IRPF a la tarifa autonómica para visualizar la responsabilidad fiscal de las comunidades.
El grave problema del sistema de financiación actual es que se perpetúan las ineficiencias en aquellas comunidades que no hacen los deberes a costa de aquellas que sí que los hacen. Dentro del régimen común, que incluye a 14 CC.AA. (excepto a las acogidas al régimen floral y Canarias, Ceuta y Melilla) se contempla el Fondo de Garantía, que permite que cada autonomía pueda financiar sus servicios públicos correctamente. Cada CC.AA. proporciona a este fondo un 75% de su capacidad tributaria, se suma una aportación del Estado y después se reparte entre las regiones en función de unos criterios demográficos. A su vez, el Fondo de Suficiencia y los Fondos de Convergencia pretenden favorecer el equilibrio económico territorial, beneficiando a aquellas CC.AA. con financiación per cápita inferior a la media, con un PIB per cápita inferior al 90% de la media o con una densidad de población inferior al 50% de la densidad media.
Ineficientes
Mantener a los ineficientes a costa de los eficientes no es bueno para nadie. Las CC.AA. ineficientes no toman las medidas necesarias para combatir esas ineficiencias porque no lo necesitan (ya paga otro). A la vez, sus ineficiencias continúan pronunciándose y acaban extrayendo más y más recursos de aquellas Comunidades que sí que hacen los deberes e implementan medidas que incentivan la creación de riqueza. Hace falta cambiar el modelo por un modelo más justo, que desincentive las ineficiencias y permita disfrutar de la riqueza generada a aquellos que la generan.
Melilla es un ejemplo clarísimo. Es recurrente oír que la ciudad se hunde y que, dentro de poco, si nada cambia, se hundirá definitivamente. Si bien todavía hay margen para que las cosas empeoren, es necesario entender que Melilla ya es una ciudad hundida y en bancarrota. Las transferencias del Estado central superan el 52% del presupuesto de la ciudad, y eso inevitablemente acaba por influenciar la inactividad de los políticos melillenses y fomentar los chiringuitos en los que aquellos afines a cierto partido que gobierna acaban siendo beneficiados. El ejecutivo melillense, si bien puede tener el incentivo para adoptar medidas que generen riqueza, como podrían ser las medidas propuestas por Sodemel, no tienen la necesidad urgente de implementarlas. Si esos casi 155 millones que recibe Melilla en transferencias del Estado los dejasen de recibir, las medidas que la ciudad necesita para salir de la situación en la que se encuentra actualmente se implementarían rapidísimo, pero hace falta… paga otro.
