El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de manera oficial un Consejo de Ministros extraordinario este domingo a las 10.00 horas para declarar el estado de alarma después de que así se lo pidieran once Ejecutivos autonómicos, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de COVID-19, según ha confirmado La Moncloa. Tras advertir Sánchez de la gravedad de la situación, a las 20.15 horas de ayer sábado le han pedido que diera este paso País Vasco, Cataluña, Cantabria, las comunidades gobernadas por el PSOE de Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares, así como Melilla.De momento ninguna comunidad gobernada por el PP ha solicitado la declaración del estado de alarma. El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar el estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. Por ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a hacer este viernes un llamamiento al PP para que garantice su apoyo para prorrogar este instrumento y garantizar así una cobertura jurídica apropiada para medidas como el toque de queda. De momento, el Ejecutivo ya se ha asegurado el apoyo de Ciudadanos.
Un millón de contagios
La cifra global de contagios en España ya supera el millón, y este viernes las comunidades autónomas notificaron al Ministerio de Sanidad 19.851 nuevos casos de COVID-19, 8.293 en las últimas 24 horas, lo que supone un ascenso con respecto a los 7.953 diagnosticados este jueves. Cataluña y Galicia han registrado en las últimas 24 horas récord de casos.
El Gobierno y las comunidades aprobaron el jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contempla expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales".
Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, gestionaran la pandemia.
En esta línea, en agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.
