La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado la causa que se seguía contra tres militares marroquíes por la muerte de dos jóvenes melillenses, Emin y Pisly, a bordo de su embarcación en aguas marroquíes el 27 de octubre de 2013 al no haber "indicios suficientes". Además, ordena que los investigados sean puestos en libertad, un mes y medio después de que el juez José Luis Calama decretara su ingreso en prisión provisional. La Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 por el que envió a prisión al comandante Munir Tisman y a los sargentos Aziz El Mals y Muhein Briul como presuntos autores del suceso que tuvo lugar hace siete años en 'Punta Negri', aguas marroquíes situadas a unos 35 kilómetros de Melilla. Para hacer efectiva esta resolución era necesario que Marruecos aceptara la extradición de los tres militares a España, por lo que el juez instructor libró órdenes europeas e internacionales para su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Una decisión que también ha sido revocada por la Sala.
El auto con fecha del pasado 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que, según indica el Ministerio Público en su recurso, en el reino alauí existe un procedimiento penal por los hechos objeto de investigación sobre el que "se desconoce dato alguno al no haber sido facilitada información por las autoridades marroquíes", lo que impide su conocimiento a la jurisdicción española.
“Marruecos no atendió el auxilio judicial”
Asimismo, indica que la investigación que inició el magistrado instructor ha sido "frustrada" porque las autoridades marroquíes no han atendido a las demandas de auxilio judicial. El juez Calama se apoyó en una copia de la traducción al castellano del informe que elaboró la Gendarmería Real de Marruecos sobre lo ocurrido, aportada por la acusación particular, para identificar a los presuntos autores de la muerte de Edmin Mohamed Driss y Abdeslam Ahmed Ali, apodado Pisly, y requerir su puesta a disposición judicial para que declaren como imputados.
Debido a la no colaboración de Marruecos, que afirmó que los hechos ya habían sido investigados y la causa archivada, la Fiscalía considera que este documento aportado, "a la luz de la jurisprudencia nacional como europea, resulta insuficiente para la adopción de las medidas contempladas en la resolución impugnada".
La Sala comparte este criterio y afirma que la "fotocopia no legalizada, constituyó en su día un indicio apto para iniciar una línea de investigación". Pero ya que las autoridades marroquíes no han querido "ilustrar al juzgado español requirente acerca de ninguna de las circunstancias de la investigación llevada a cabo en Marruecos", hace que el documento no sirva para cumplir con el "requisito fundamental" de identificación del sospechoso para acordar la prisión preventiva, añade.
"La identificación personal contenida en el documento respecto de los presuntos autores carece de corroboración alguna. Cierto es que el relato que se contiene en el informe coincide con los datos obtenidos por la investigación judicial en cuanto a la identidad de las víctimas, y la fecha, lugar, y circunstancias de los hechos, pero no en cuanto a la identidad de las personas autoras de los disparos que causaron el fallecimiento, ya que sobre dicho dato, no se ha obtenido dato alguno", explica la Sala.
Así, debido al "incierto origen" del documento aportado y que su "legitimidad no ha podido ser contrastada de ningún modo", los magistrados consideran que no constituye un "indicio suficiente" para mantener abierta la investigación y la orden de prisión.
Los abogados de las familias de Emin y Pisly
El abogado de los ciudadanos melillenses, Pedro Díaz, del despacho de abogados Ilocad, ha asegurado que esta decisión de la Audiencia Nacional supone un "varapalo para las familias, víctimas de unos hechos muy graves consistentes en el asesinato de sus propios hijos".
"Este archivo de la causa supone dejarla imprejuzgada y falta de investigación, además de imposibilitar un futuro juicio justo en defensa de los intereses de las víctimas, todo ello hasta que los delitos prescriban", señala en un comunicado, al mismo tiempo que considera que la resolución dictada es un "disparate jurídico" que deja "desamparados a los familiares".
