El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, confirmó ayer que se continúa tramitando el expediente para rescindir el contrato de la empresa que gestiona la piscina municipal, pero señala también que los trabajadores, que exponen que vuelven a estar tres meses sin cobrar, no han denunciado su situación ante la autoridad laboral competente, con lo que se habrían agilizado los trámites. Explicó Rachid Bussian que desde diciembre que asumió las competencias de Deportes, no ha parado en buscar una solución a las denuncias de estos trabajadores por los retrasos en el abono de sus nóminas. De hecho, señala que ha realizado numerosas gestiones ante los responsables de la empresa adjudicataria que no está ubicada en Melilla, pero los contactos se complican por los continuos cambios en la persona que se encarga de la gerencia.
Gestiones
No obstante, confirmó que la Ciudad Autónoma, “ante el presumible incumplimiento del contrato”, ha abierto un expediente para su rescisión. La situación actual está ralentizando el proceso, pero se llevará a cabo.
Bussian ha intentado mediar entre la empresa y los trabajadores, pero no se produce un acuerdo, e insiste en que los trabajadores “no han denunciado ante la autoridad laboral su situación, que hubiese permitido agilizar los trámites”.
Dejó claro que la Ciudad Autónoma “paga de forma religiosa, mes a mes” a la empresa adjudicataria, y señaló que a pesar de que las instalaciones de la piscina permanecen cerradas, se ha mantenido el pago del servicio para no perjudicar a unos trabajadores que, aún así, llevan meses sin cobrar.
La Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte va a rescindir el contrato y los trámites siguen en marcha. La idea es que, mientras se lleva a cabo una nueva adjudicación, se saque un contrato puente para que los trabajadores no puedan verse afectados.
Las deficiencias de la piscina
Manifestó el consejero que son numerosas las deficiencias que presenta la piscina municipal y acusó al Gobierno anterior de “haber vendido a la ciudadanía una obra faraónica de 1,5 millones de euros cuando en realidad sólo regularon la temperatura”. La consecuencia es que “ahora nos encontramos con deficiencias, filtraciones, pérdidas de agua, entre otros problemas en unas instalaciones que son tercermundistas”, indica Bussian.
Afirma que tras esa reforma del Gobierno anterior “se han encontrado importantes defectos y hay que tener mala suerte de que hasta los tubos de acero inoxidable de las canalizaciones procedían de una partida defectuosa y hay fugas”. Reponer estas tuberías supone realizar un gasto de 300.000 euros, un dinero que la Ciudad Autónoma “no quiere pagar”, por lo que se ha pedido a la empresa adjudicataria que lo lleve a cabo e incluso se plantean recurrir a la ejecución de la fianza y no tener que llegar a los tribunales “para no perjudicar más a los melillenses”. Según el consejero, la Ciudad lleva invertidos más de 200.000 euros en realizar reparaciones en la piscina. Por todo ello, considera que “hay que pedir responsabilidades al anterior consejero de Fomento o al director general, aunque me consta que muchos de los técnicos no estaban de acuerdo con la recepción de las obras mencionadas”.
