El Ministerio de la Presidencia ha resuelto de forma favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Samba Martine, a raíz de su fallecimiento el 19 de diciembre de 2011. Esta inmigrante murió en el CIE de Aluche, procedente del CETI de Melilla, donde le diagnosticaron que era portadora del VIH poco después de haber entrado de forma irregular en agosto de ese año. Cuando falleció, la congoleña Samba Martine llevaba 39 días privada de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, tal y como recordó ayer el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que informó de la resolución administrativa.
Esta se produce casi ocho años después de que la familia interpusiera la demanda, y establece que Samba fue víctima del mal funcionamiento del CIE de Madrid (dependiente del Ministerio del Interior), del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y de la empresa SERMEDES S.L. (responsable del servicio de atención médica del Centro en aquel entonces).
Los errores imputables tanto a los dos Ministerios como a la empresa concesionaria confluyeron en la producción del resultado lesivo, por lo que deberán hacerse cargo a partes iguales de la indemnización fijada a favor de la hija y de la madre de Samba, calculada con arreglo a los baremos previstos en la ley.
El CETI no transmitió los datos médicos
Entre las consideraciones de la resolución, se encuentra la “ausencia de coordinación, exigible, entre dos órganos de la Administración”. Así, el SJM señala que el historial médico de la fallecida era una información trascendental, dada la grave enfermedad que padecía y, sin embargo, no hubo ninguna transmisión de datos médicos en el traslado de Samba desde el CETI de Melilla al CIE de Aluche donde iba a permanecer privada de libertad por un máximo de dos meses.
Hay que recordar que este caso llegó al Congreso de los Diputados en 2013 a raíz de varias preguntas presentadas por el entonces diputado de IU Gaspar Llamazares. El Gobierno, entonces, defendió la actuación que siguió en el caso de Samba Martine, que fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, órgano que decretó el archivo de los autos el 30 de enero de 2012. Pero antes, este caso pasó por otros tres juzgados.
El SJM denunció ayer que, nueve años después de la muerte de Samba Martine, sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI de Melilla y Ceuta.
