El Gobierno de Melilla tramitará las ayudas a empresas afectadas por los cierres en la segunda ola de la pandemia, principalmente la hostelería, mediante la Ley de Subvenciones para situaciones extraordinarias y de emergencia, lo que permitirá agilizarlas requiriendo una mínima documentación y permitiendo que la mayor parte sea prepagable.
En rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Economía y Empleo, Dunia Almansouri, informó de que este acuerdo fue adoptado ayer por el Consejo de Gobierno, además de un refuerzo de personal de unos 10 trabajadores tanto en la sociedad pública Promesa como en la Consejería de Economía y Políticas Sociales para lograr una mayor rapidez en los trámites.
Además, el Ejecutivo regional también quiere dotar de mayor transparencia este proceso, para lo que ha ofrecido a la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE) la posibilidad de que uno de sus representantes pueda supervisar el trabajo del equipo técnico. En esta línea, anunció que publicará en los medios de comunicación la resolución de los expedientes, además de su difusión en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).
Veinte días de plazo
Las solicitudes de estas ayudas extraordinarias, que tendrán un plazo de presentación de 20 días, podrán empezar a tramitarse en el momento que sean publicadas en el BOME, algo que la consejera de Hacienda prevé que pueda suceder el próximo lunes.
Ese mismo día, dijo, se celebrará la Comisión de Economía y Políticas Sociales, y posteriormente otra reunión del Consejo de Gobierno para dar luz verde a esta convocatoria extraordinaria de ayudas, a las que la Ciudad Autónoma destina 5 millones de euros.
Los trámites para estas ayudas consistirán en entregar la solicitud, acompañada de los documentos que se solicitan, que “son muy pocos” y, una vez supervisada, pasará al órgano consultivo, el cual será reforzado con más personal, para que lo revise y resuelva en el plazo más rápido posible.
Almansouri afirmó que “lo ideal y lo deseable para todo el mundo” es que en 24 horas estuvieran resueltas las solicitudes, si bien recordó que se trata de trámites administrativos que pueden tardar entre dos y cuatro días, que es “lo lógico, teniendo en cuenta cómo va la situación” y el hecho de que Promesa haya registrado un aumento considerable de solicitudes, que van desde las 300 anuales a 1.500 en menos de seis meses.
Refuerzo de personal
En cuanto al refuerzo de personal, Dunia Almansouri calculó que podría ser de entre ocho y diez trabajadores para dar apoyo administrativo y técnico a la plantilla de Promesa, los cuales se dedicarán de manera exclusiva al trámite de las nuevas ayudas, un trabajo que la CEME podrá supervisar.
También se dará apoyo administrativo en la Consejería de Economía y Políticas Sociales para la firma de la resolución de los expedientes, una labor a la que se dedica una persona, a la cual se dará apoyo para que pueda ser más ágil.
Dos objetivos
Los objetivos del Gobierno con estas medidas son proteger a los empresarios de la ciudad, ya que el tejido económico y los trabajadores de estos sectores “se pueden ver en una situación muy complicada” si no logran ser rescatados; y dotar de mayor transparencia todos los procedimientos.
“Nuestros esfuerzos irán a rescatar a estas empresas. Sabemos que estas ayudas no irán a paliar los déficits no solo por los cierres de marzo, sino también el cierre actual, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para amortiguar el fuerte impacto que sufren las empresas con estos cierres”, agregó la consejera.
Además de esta tanda de ayudas, anunció que la Ciudad Autónoma ya está trabajando en un plan de recuperación a partir de enero, ya que la Unión Europea permite dar ayudas extraordinarias hasta el 30 de junio de 2021.
¿Por qué con las nuevas ayudas podrá haber más agilidad que en las primeras?
La consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, justificó que la Ciudad Autónoma no se ha podido acoger a estas herramientas que dan mayor agilidad en la gestión de las ayudas porque esta nueva convocatoria es distinta a las anteriores, en las que se subvencionaban unos gastos corrientes que los empresarios debían justificar aportando documentación, lo que requería una comprobación más exhaustiva.
En estas nuevas ayudas, en cambio, el tipo de subvención que concederá la Ciudad Autónoma no requiere esos justificantes, excepto la parte de los trabajadores en ERTE, sino que hay una parte directa proporcional al tiempo de cierre, que es la que se podrá adelantar.
