El PP continuó ayer con su ofensiva contra la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, la conocida como Ley Celaá, “una norma que se ha tramitado en pleno estado de alarma, hurtando a la ciudadanía española su derecho a la participación y el consenso en un aspecto tan vital en nuestra sociedad como la educación de las generaciones futuras”. A juicio de los populares, por primera vez en la historia democrática de España una ley educativa “se concibe contra el derecho y libertad de las familias y contra el patrimonio lingüístico de toda la población española”. En una nota de prensa, el PP insiste en que esta ley supone un recorte de derechos fundamentales, de ahí que haya emprendido una campaña de recogida de firmas y anuncie que acudirá al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea. Al mismo tiempo, criticó “la falta de diálogo y consenso con la sociedad civil que ha caracterizado esta contrarreforma educativa, sin garantizar derechos recogidos en nuestra Carta Magna, tales como la libertad de elección de centro o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España que tenemos el deber de conocer y el derecho a usar”.
“Sus postulados son claramente sectarios, en un intento por imponer una determinada ideología y adoctrinamiento en las mentes de las futuras generaciones y por desterrar de nuestro sistema educativo valores como el mérito y el esfuerzo”, agregó el PP, en cuya opinión la Ley Celaá “pisotea pilares básicos de nuestra democracia y derechos ampliamente consagrados en la Constitución de 78”.
Así, dice que esta nueva ley “ataca el derecho de las familias y los alumnos a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y para sí mismos” y eliminan el castellano como lengua oficial (vehicular) en España, “incumpliendo el artículo 3 de la Constitución”.
En cuanto a la educación especial, el PP también considera que se está cometiendo un ataque contra ella porque “abre la puerta al traspaso, en diez años, de la mayoría de los alumnos con discapacidad a colegios ordinarios (Disposición Adicional 4ª de la Ley) lo que supone, de facto, la desaparición de estos centros”.
“Y atenta contra la educación concertada, ya que suprime el concepto de la demanda social como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas”, indica el PP, que añade: “Una enmienda pactada entre PSOE, Podemos y Más País se refiere a la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas. Lo que atenta contra la Constitución”.
Otras de las críticas del PP hacia esta nueva ley es que “limita la posibilidad de repetir curso y permite obtener el título con asignaturas suspensas”. “De aplicarse, nos retrotraerá a los índices de abandono escolar que dejó el Gobierno con el PSOE”, advierte.
Lectura y firmas
Por ello, el PP se concentrará hoy, a las 12.00 horas, junto al monolito de la Constitución para dar lectura a un manifiesto contra lo que considera “una norma altamente lesiva para la garantía de los derechos fundamentales de las familias a tener una educación en libertad, por la calidad y consistencia y calidad del sistema educativo que sostendrá a las nuevas generaciones y en defensa de nuestro patrimonio lingüístico común”.
El PP, que apela al apoyo de la ciudadanía, también llevará a cabo mañana una recogida de firmas en la Plaza Menéndez Pelayo.
