La Asamblea de Melilla aprobó ayer un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1.490.706 euros, que permitirá al Gobierno regional abonar facturas pendientes de pago por ese valor en la conocida como cuenta 413, si bien el Ejecutivo anunció su intención de “erradicar esta práctica”. Este asunto salió adelante con el respaldo de todos los grupos políticos, a excepción del único diputado de Vox, que se abstuvo, si bien el debate no estuvo exento de tensión entre el principal grupo de la Cámara y de la oposición, el PP, y la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri.
La consejera reprochó al PP, responsable del Gobierno en la anterior legislatura, que dejara facturas sin pagar que han tenido que ser objeto ahora de un reconocimiento extrajudicial, si bien el portavoz popular, Miguel Marín, puntualizó a Almansouri que el 30 % de esas facturas corresponden al actual Ejecutivo, formado por CPM, PSOE y Cs.
Almansouri celebró el respaldo del PP en este asunto porque “hubiera sido un poco extraño explicar que se negaban a pagar facturas que han dejado sin pagar”. No obstante, se mostró en desacuerdo con el vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado popular, Daniel Conesa, cuando dijo que este voto a favor es para mantener la coherencia del PP cuando en la anterior legislatura defendía que la cuenta 413 es “un mecanismo legal” que tiene la administración para pagar facturas que no se pudieron aplicar al presupuesto del año correspondiente.
“No es ilegal, pero es una forma un poco extraña de hacer frente a los gastos”, le rebatió la consejera para criticar “la práctica del anterior Gobierno”, que “hacía contratos vía telefónica, por e-mail, sin crédito, expediente o informe”, una afirmación que provocó las primeras protestas en la bancada popular.
“Entonar el mea culpa”
La consejera anunció la intención del actual Gobierno de que esta práctica, el reconocimiento extrajudicial, “desaparezca” porque considera que “no es saludable ni para los proveedores ni para la administración”, y que, a su juicio, se derivaba de “una forma de trabajar arraigada” en el área de Hacienda.
De hecho, aseguró que, aun con este acuerdo de este miércoles, hay 499 facturas del periodo 2015-2019 que no son “imposibles de abonar” y “no hay forma humana de que esos proveedores puedan cobrar” porque “nadie de esta administración reconoce estas facturas”, algunas de las cuales están “prescritas”.
Por ello, Almansouri cree que el PP “debería entonar el mea culpa” en este asunto, a lo que Conesa le respondió que no puede echarles “una especie de bronca por facturas que habrá que analizar” cuando, entre las facturas incluidas en el expediente aprobado este miércoles, hay parte que son del actual Gobierno, concretamente de su gestión de las fiestas patronales de 2019.
Conesa se mostró seguro de que, el próximo año, Almansouri “se tendrá que tragar con patatas” los argumentos que ahora defiende cuando haya que analizar la gestión de la anualidad completa de 2020, después de ver que en seis meses de 2019 “han generado esto”.
“El año que viene, se les acabará el mantra del Gobierno anterior y tendrán que responder de múltiples situaciones extrañas a la hora de gestionar las cosas”, afirmó.
Medio centenar de facturas, a Fiscalía
La consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, anunció ayer durante la sesión plenaria que 53 facturas impagadas de 2014 y 2015, cuyo valor ascienden a 145.000 euros, ya están en manos de la Fiscalía, ya que el Gobierno se las ha hecho llegar, en cumplimiento con una petición del Consejo de Estado.
El portavoz del PP, Miguel Marín, aseveró que es una “maniobra para desviar la atención” y recordó que “los tribunales han dicho que todo lo que hizo el anterior Gobierno fue legal”.
