El PP no descarta emprender acciones legales por la polémica que ha suscitado la “autosubvención” del viceconsejero de Recursos Hídricos, Energías Renovables y Políticas Ambientales, Francisco Vizcaíno (PSOE), para la compra de un vehículo eléctrico, cuya resolución fue firmada por el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar (CPM). En rueda de prensa, el vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado local del PP, Daniel Conesa, justificó esta postura al afirmar que “se ha cometido una ilegalidad flagrante reconocida por el propio afectado”, Francisco Vizcaíno, que anteayer pidió perdón, y se defendió diciendo que desconocía que fuera incompatible su solicitud con el cargo que ostenta.
El PP aún no ha movido ficha “a la espera de ver cómo se desarrolla la parte de la responsabilidad política y la parte de la estética”, aunque asegura que decidirá dentro de unos días si finalmente denuncia ante los tribunales, algo que no está descartado “en absoluto”.
Así, Conesa consideró “un escandalazo” esta “autosubvención” de Vizcaíno, y criticó que nadie a estas alturas haya presentado su dimisión, salvo el director general de Sostenibilidad, José Carlos Medero.
El diputado popular recordó que los hechos fueron reconocidos por el viceconsejero, y criticó que en el Gobierno de Melilla, formado por CPM, PSOE y Cs, estén “escondidos” y “callados como muertos”.
Conesa se preguntó si el consejero de Medio Ambiente, que firmó la resolución, también alegará desconocimiento, al igual que hizo su viceconsejero, porque “si así lo hiciera”, entonces sería para cuestionar “en qué clase de personas está puesta la gestión del dinero y de los asuntos públicos”.
El PP considera que, además de irresponsable, después de lo sucedido también habría que añadir calificativos como vergonzoso y falta de ética y es una evidencia que los melillenses están “en manos de ignorantes”, lo cual, teniendo en cuenta que se trata de la gestión de asuntos públicos, es “un grave problema”.
CPM
Aunque la polémica se ha centrado en el viceconsejero, Conesa señaló también al consejero de Medio Ambiente, uno de los destacados dirigentes de CPM, el principal partido del Gobierno, habida cuenta de que también “está implicado” por ser quien firmó la resolución de la subvención, lo que implica “una irregularidad manifiesta”.
“Tan responsables unos como otros: uno por pedir cuando no podía, y otro por firmar una orden manifiestamente ilegal”, agregó Conesa, convencido de que en este caso deben dimitir ambos, al tiempo que recordó que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento ni del presunto delito que se pueda cometer”, de ahí que calificara los argumentos como “excusas peregrinas”.
