El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, anunció ayer que se ha presentado una denuncia por un presunto delito urbanístico contra Miguel Marín durante su etapa como consejero de Fomento, Juventud y Deportes, a la que esperan sumar en breve, una segunda por el derribo del torreón del vigía de la zona de altos de la Alcazaba, que era una construcción protegida. En su lugar, dice, se ha construido una piscina de una urbanización privada en la que vive el anterior consejero de Medio Ambiente. El responsable de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, anunció que hace una semana se ha presentado ante la fiscalía una denuncia por un supuesto delito urbanístico llevado a cabo por Miguel Marín durante su etapa como consejero de Fomento, Juventud y Deportes y que asevera “no prescriben”.
Es más, indica que la Fiscalía “nos ha solicitado que se les certifique quién ocupada el cargo de consejero de Fomento, Juventud y Deportes entre los años 2012 y 2014”. Considera el consejero cepemista que el PP ha intentado tapar este asunto con las acusaciones de Donoso de esta semana.
Torreón
Además, afirmó que se presentará en breve una nueva denuncia por un segundo “supuesto delito urbanístico” si la Fiscalía no actúa de oficio, por la desaparición del antiguo Torreón del Vigía del cuarto recinto fortificado en altos de la Alcazaba y que venía protegido tanto en el PERI (Plan Especial de Protección y Ordenación del Ensanche Modernista y Racionalista de Melilla) como en la legislación en vigor.
Indica que, a pesar de todo ello, el torreón fue derribado y en su lugar se ha construido la piscina de una urbanización privada en la que vive el anterior consejero de Medio Ambiente.
Rachid Bussian se pregunta cómo y por qué fue demolido y “bajo qué circunstancias”. Reta al ex consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo a que lo explique porque señala que, según un informe, los técnicos incidían en la rehabilitación del torreón para continuar con el proyecto de recuperación de la galería de minas, zona con “un valor histórico y patrimonial importante y que tenía que ser protegido”.
Rachid Bussian, que aseguró que denunciarán todas aquellas irregularidades que puedan aparecer, indicó que se han remitido de oficio a la justicia “algunos supuestos delitos que se han cometido en anteriores legislaturas, y en algunos casos ya se están iniciado diligencias penales y también el Consejo de Estado ha instado a la Ciudad a que envíe a fiscalía esas supuestas irregularidades en facturas” de la etapa del PP.
Contratos
Por otra parte, Rachid Bussian salió ayer al paso de las manifestaciones de la diputada local del PP Esther Donoso que en “su línea chabacana” le acusaba de hacer un uso excesivo de los contratos menores que “tanto criticó en la oposición”.
Afirmó que desde la Consejería de Urbanismo que dirige “se cumple fehacientemente con lo reglado en la Ley de Contratos Públicos”, y quiso poner en liza algunas acciones del anterior gobierno del PP por su “tufo a corrupción”.
Salió en defensa del trabajo que se lleva a cabo en su área, que “no se puede comparar al nivel de vicio al que llegaban algunas consejerías en el anterior Ejecutivo”, afirmó Rachid Bussian, que retó al PP a demostrar las acusaciones que le dirige, porque “cree el ladrón que todos son de su misma condición”.
Bussian, como ejemplo de la forma de gestionar del anterior Ejecutivo, dijo que existían las empresas MacGiver que “lo mismo organizaban una comida que vendían sillas”, o las empresas Triángulo de las Bermudas donde “un solo empresario facturaba más del 80% de una sola consejería; empresario con el que paseaba en público el viceconsejero de turno”.
Empresas beneficiadas
El consejero de Urbanismo también señaló, en relación a las acusaciones del PP de estar beneficiando a determinadas empresas, que en los últimos años la Consejería de Fomento facturó contratos por valor de 130.000 euros con un gabinete de arquitectura en concreto y que se adjudicaron contratos a una empresa en la que uno de los socios es hijo del anterior consejero. “Creo que, aunque no sea ilegal, moralmente tiene que estar muy perseguido, y esa empresa ha facturado en la anterior legislatura 243.000 euros, por lo que al PP se les tiene que caer la cara de vergüenza cuando hablan de relaciones de amistad” del actual gobierno con algunas de las empresas con las que firman contratos. Afirmó que no busca recurrir al “y tu más” sino “poner de manifiesto los tufos de corrupción del anterior ejecutivo del PP, que no hay que olvidar que por supuestas irregularidades de contratación menor la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento”, actuaciones que generaron los casos Tosca y Ópera que “se archivaron solo por caducidad de los procedimientos”, concluyó.
