Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla procedieron el pasado día 4 a la detención de un empresario local y una persona que actuaba como intermediario, como presuntos autores de un Delito Contra los Derechos de los Trabajadores, en relación con la situación de explotación laboral de dos residentes del CETI, a quienes habían “subcontratado” para realizar unos trabajos contratados por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla para el acondicionamiento de un edificio público, según ha informado un portavoz de la Policía Nacional.
Los trabajadores irregulares, son dos hombres residentes del CETI, de nacionalidad marroquí y argelina, que trabajaban durante jornadas de más de diez horas seguidas, con un descanso de unos quince minutos, por un salario de 30 euros diarios.
La Jefatura Superior de Policía ha asegurado que además de la inexistencia de contrato de trabajo y demás derechos legalmente reconocidos a cada trabajador, los dos ciudadanos extranjeros carecían de Equipos de Protección Individual (EPI), como son la ropa de trabajo adecuada, protección ante productos tóxicos o cualquier otro elemento de prevención de riesgos laborales, así como mascarillas quirúrgicas y otros elementos de protección sanitaria en consonancia con las normas de salubridad imperantes con motivo de la COVID-19.
