El PP advirtió ayer de que podrían haberse cometido supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión que ha realizado el actual Gobierno local con el contrato de la grúa municipal. Según dijo la diputada local del PP Paz Velázquez, la Ciudad Autónoma está abonando alrededor de 5 millones de euros al año por este servicio público cuando estaba adjudicado hasta hace 15 meses a una empresa por 750.000 euros. “Esto es corrupción”, aseveró de manera rotunda.
Según explicó la diputada popular, este servicio está siendo prestado en estos momentos por tres empresas, y ninguna de ellas bajo el paraguas de un contrato administrativo con la Ciudad Autónoma.
Una de ellas, la anterior adjudicataria de este servicio durante muchos años, hasta que finalizó el contrato en septiembre de 2019, por el que dejó de prestar un servicio que suponía un coste para la Ciudad Autónoma de 31.250 euros mensuales.
Sin embargo, desde entonces, sigue custodiando miles de vehículos retirados por la grúa en un depósito junto al aeropuerto, por el que sigue pasando facturas a la Ciudad Autónoma. Después de algo más de un año, la deuda de la Administración con esta empresa supera los 4 millones de euros, una cantidad que “aumenta cada semana con la pasividad e inactividad de nuestros responsables políticos”. Señaló, concretamente, a la consejera de Presidencia, Gloria Rojas, y al presidente del Ejecutivo local, Eduardo de Castro. Ambos “están en una permanente dejadez absoluta y creando un agujero”, lamentó Velázquez.
Dos adjudicatarias
Las otras dos empresas que se están encargando de prestar el servicio son las dos que resultaron adjudicatarias del contrato de emergencia adjudicado el 21 de octubre de 2019 por el entonces consejero de Hacienda, Julio Liarte, “para salir del paso” tras finalizar la vigencia del anterior. Dos empresas que, según Velázquez, no están en una UTE, con lo cual, es “algo insólito” en un acto administrativo que se les haya adjudicado un servicio y, además, con efectos retroactivos desde el 3 de octubre.
Una de ellas se encarga del transporte de los vehículos mediante una grúa, lo que supone entre 2.000 y 5.000 euros mensuales, y la otra, de otros tres servicios, concretamente el alquiler de 150 plazas de aparcamiento por 22.500 euros/mes, la recepción y entrega de los vehículos por 3.740 euros/mes, y la gestión de la documentación por esa misma cuantía económica, 3.740 euros/mes.
Se trata de “un precio escandalosamente superior al de la anterior empresa”, de modo que “los melillenses estamos pagando más por menos”, habida cuenta que “hasta la Policía Local se queja” de que el servicio prestado no cubre sus necesidades.
Contrato de emergencia
Además de ello, Velázquez denunció públicamente que este contrato de emergencia no se ha publicado, lo cual es ilegal, ni tampoco consta en el expediente cuestiones como la solvencia técnica y económica de las empresas, el precio de licitación ni los servicios que prestan, algo que ha tenido que ser deducido por el PP a partir de las facturas presentadas por ambas empresas.
Algunas de estas facturas son anteriores, incluso, al momento de la adjudicación, fechadas en septiembre, como es el caso de más de 10.000 euros que les ha sido abonados a día 22 de ese mes. “Un dinero irregular, aparentemente”, dijo Velázquez.
Pero “el colmo de los colmos” es que, según la diputada popular, este contrato de emergencia lleva extendiéndose desde hace más de un año cuando, según consta en su adjudicación por el anterior consejero de Hacienda, debería haber expirado con el procedimiento de contratación que hubo posteriormente y que, por un decreto del 20 de noviembre, quedó desistido por parte de la Administración.
“Contrato de Cs”
Velázquez calificó toda esta gestión relacionada con el contrato de la grúa municipal como “una chapuza administrativa” y que atribuyó a Ciudadanos (Cs), ya que en él han participado tres de sus responsables: De Castro, Liarte y la exconsejera de Presidencia, Paula Villalobos. “Este es el contrato de los señores de Cs, los que venían a regenerar la política”, criticó la diputada popular.
Pese a ello, criticó que, cuando expuso todas estas supuestas irregularidades en la Comisión de Presidencia del pasado 30 de noviembre, “los responsables políticos de esta barbaridad, de esta corrupción, no supieron entonar el mea culpa y se intentaron mal justificar para eludir su responsabilidad”. Además, “torpedean la labor fiscalizadora de la oposición”, lamentó.
Tribunal de Cuentas, Intervención y posible denuncia ante los juzgados
El PP se encuentra en estos momentos recopilando toda la información, ya que quiere cree que le faltan papeles al ser “tan burdo el expediente”, con la intención de llevarlo ante el Tribunal de Cuentas.
Paralelamente, ha puesto en conocimiento del interventor de la Ciudad Autónoma “estos presuntos hechos delictivos” y no descarta acudir a la vía judicial, ya que “hay una posible malversación de caudales”.
