PSOE y PP reunieron la mayoría suficiente en el último Consejo de Administración de la sociedad pública Promesa para aprobar una modificación de sus estatutos, concretamente en su artículo 15, para ampliar el número de miembros en este órgano y, de esta manera, se respete la representatividad de las diferentes fuerzas políticas en la Asamblea. Coalición por Melilla (CPM), socio de Gobierno del PSOE, votó en contra. Según explicó Velázquez, con esta modificación de los estatutos de Promesa, el PP quiere poner fin a una circunstancia “escandalosa”, y es que la representación elegida por el Pueblo en las elecciones “no se ajusta a la realidad” en esta sociedad pública desde la salida de Jesús Delgado Aboy de Vox.
Por eso, los populares piden que, de los 6 miembros actuales en el Consejo de Administración, se pase a 9 o 10, lo que permitiría “una representación correcta” de la Asamblea y, por lo tanto, cumplir “lo que votó el Pueblo”.
A ello se une el hecho de que Promesa lleva sin presidente desde el 7 de marzo, antes del inicio del primer estado de alarma, por la dimisión de su anterior presidente, Julio Liarte, de modo que el puesto lo ocupa de manera accidental su vicepresidente, Emilio Guerra, designado por CPM.
Supuesta prevaricación
El PP cree que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, podría estar cometiendo un supuesto delito de prevaricación por no convocar la correspondiente Junta General de Accionistas de Promesa, cuyo plazo máximo era el 10 de septiembre. Velázquez afirmó que se está dando una vulneración de derechos fundamentales y advirtió a De Castro de esa posible responsabilidad penal.
