El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, espera que con la “puesta a punto” que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la piscina municipal, tras averías y filtraciones varias, pueda reabrir sus puertas a finales del mes de enero. Entre tanto, dijo que sigue el trámite para la resolución del contrato de la empresa adjudicataria del servicio de conserjería, entre otras cuestiones, por incumplimiento del pliego. El personal, incida, ha iniciado gestiones para denunciar a la empresa por impago de nóminas. Confía el consejero que “a finales de enero pueda abrir sus puertas” la piscina municipal, en la que la Ciudad ha tenido que asumir el coste de toda una serie de reparaciones cuando el anterior gobierno “vendía” la idea de que se había llevado a cabo una “reestructuración importante” cuando afirma que no fue así, y que apenas si se limitó a regular la temperatura en la zona de baño.
El caso es que aparecieron problemas como “fugas, desperfectos o la utilización de un tubo de acero inoxidable con restos de ácido sulfúrico que ha ido perforando la red y provocando que esta instalación fuera cualquier cosa menos una piscina”. Desde entonces, indica, la Consejería ha gastado más de doscientos mil euros en reparación que la empresa adjudicataria en su día de la reforma “no ha querido asumir”, razón por la que “le hemos retenido el avalar y esperamos llegar a un acuerdo para compensar el gasto público” realizado en reparaciones.
Con todo ello, el consejero confía que “a finales de enero la piscina pueda abrir sus puertas tras esta puesta a punto”. Explica que se ha comprobado que en uno de los vasos de la piscina que se ha llenado no han aparecido pérdidas, por lo que “si no hay contratiempos, se abrirá” a finales del próximo mes.
Personal
En cuanto a las quejas de los conserjes que denuncian que llevan meses sin cobrar sus salarios, explicó el consejero que hace dos semanas se reunió con la plantilla para profundizar en el asunto y se le confirmó que no habían denunciado su situación ante las autoridades competentes.
Bussian aclaró que la empresa que gestiona la piscina ha sido “embargada” y que las facturas que abona la Ciudad Autónoma por el servicio “se derivan a la Agencia Tributaria” por este motivo. La consecuencia es que los empleados no perciben su sueldo. El camino a seguir es que “pidan vía judicial” que se les abone su salario. Al parecer ya se han iniciado los primeros pasos en este sentido.
Recordó el consejero que a la empresa en cuestión se le ha abierto un expediente de resolución del contrato que debe resolver el Tribunal de Recursos Contractuales, por lo que no habría resolución en un tiempo inferior a seis meses. Una vez resuelto la Ciudad realizará un contrato puente para que “una empresa más solvente” se haga cargo del servicio.
Demolidos tres inmuebles en cuarenta días
En otro orden de cosas el consejero apuntó que en el plazo de cuarenta días se han demolido tres inmuebles como consecuencia de que sus propietarios no habían actuado “en tiempo y forma” atendiendo el requerimiento de la Ciudad Autónoma para que procediera a las reparaciones oportunas para evitar problemas a los viandantes por desprendimientos. De esta forma la Ciudad asume la
Manifestó Rachid Bussian que hay numerosos edificios en distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo en la calle Explorador Badía o Castelar, que se encuentran en mal estado y se ha remitido a los propietarios la pertinente orden de reparación en “un plazo prudencial” o de lo Contrario, a través de una acción sustitutoria procederá a la demolición. Los propietarios cuentan con un plazo de entre seis y doce meses para actuar o de lo contrario lo hará la Ciudad. Manifestó que se sancionará a los propietarios que no tengan sus inmuebles en buenas condiciones si “en un tiempo prudencial no hace las reparaciones oportunas”. Si la administración local se hace cargo de la operación de derribo, trasladará la factura al propietario y si no la abona, “entraría en la vía ejecutiva y la Consejera de Hacienda le reclamaría la cantidad por la vía de apremio”. La Ciudad quiere acortar los plazos para que se dé solución inmediata a estos inmuebles.
También quiso responder a las quejas ciudadanas sobre la presencia de vallas en la vía pública señalizando, por lo general, arquetas en mal estado, y dijo que muchas veces la Ciudad Autónoma no es responsable de la conservación de las mismas, sino de las compañías de telecomunicaciones o de electricidad que “no llevan a cabo un mantenimiento acorde a lo que se espera” y que es la Ciudad la que pone las vallas para alertar a los ciudadanos sobre estos espacios en mal estado. Afirmó que la Ciudad insta por escrito o telefónicamente a estas empresas para que actúen con rapidez, por lo que la administración local abre los pertinentes expedientes que pueden finalizar con una sanción.
