La Fiscalía de Melilla ha determinado que existen “indicios racionales de la comisión de un delito” en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad al ordenarse la construcción de una rotonda en la época de Miguel Marín como consejero de Fomento, Juventud y Deportes y ordena la apertura de diligencias previas. Desde el PP se señala que “todo esto quedará en papel mojado” y se reitera que se actuó conforme a la ley. En el documento publicado por la SER, la Fiscalía de Melilla manifiesta que tras “el examen pormenorizado de la documentación presentada junto con la denuncia interpuesta por el consejero de Infraestructuras, Urbanismos y Deporte, Rachid Bussian y la requerida por la Fiscalía, se desprenden indicios racionales de la comisión de un delito contra la Ordenación del Territorio y Urbanístico previsto y penado en el artículo 320 del Código Penal”.
La razón, según interpreta, “haberse construido una rotonda en los sectores S-8.1 y 2-8.2, área oeste de Melilla, incumpliendo el PGOU de 1995, y haber ocupado un espacio destinado a zona verde sin que se hubiera instado la modificación del plan general, siendo conocedores de tal circunstancia, el Ministerio Fiscal interpone denuncia, acordando se incoen las oportunas diligencias previas y se depuren responsabilidades”. También insta al inicio de distintas diligencias previas.
PP
En redes sociales el Partido Popular, en relación a este asunto, considera que “no existen indicios suficientes de delito urbanístico” en la construcción de una rotonda cuando Miguel Marín era consejero de Fomento, Juventud y Deportes. El PP manifiesta que “todo esto será algo que terminará en papel mojado” en los juzgados.
Hace unas semanas, tras conocer la interposición de esta denuncia, Miguel Marín negó que se haya construido un vial sobre una zona verde porque en realidad se trataba de un suelo rústico y, además, para ejecutarlo hubo que realizar un expediente de expropiación, habida cuenta que se trataba de terrenos de un particular y hubo que indemnizarlo.
Marín dejó claro que todo ello aparece en el expediente de expropiación, sobre el que dijo desconocer si ha sido remitido también a la Fiscalía por parte del actual consejero, al que también desmintió respecto a que el proyecto carecía de control técnico.
Así, el exconsejero del PP aseguró que el proyecto fue visado por el Colegio de Ingenieros y salió a licitación con la firma de los tres directores generales que tenía su consejería.
También diferenció Miguel Marín en su comparecencia la política urbanística que realizaba el anterior Gobierno del PP y la que “pretende” CPM, ya que los populares “localizaban terrenos rústicos y los convertían en usos públicos” y transformaba zonas urbanas en zonas verdes “para evitar cualquier tipo de especulación urbanística o pelotazo”.
