César Gaztelumendi, secretario de Organización de Podemos Melilla, deja patente que es necesario que la Ciudad Autónoma “ponga fin a la contratación de empresas piratas, que se saltan a la torera lo que recoge la ley”, y que tienen como consecuencia que salgan perjudicados los trabajadores. Manifiesta Gaztelumendi que la administración pública está sujeta a la Ley de Contratación “para cubrir las necesidades propias del Ayuntamiento”, pero afirma que la Ciudad Autónoma “se las está saltando a la torera contratando con empresas que no cumplen los requisitos establecidos en la ley, y, por tanto, poniendo en juego la calidad del servicio y precarizando la del trabajador o trabajadora”.
Empresas
Recuerda que en estos momentos la Ciudad se encuentra en pleno proceso de adjudicación del contrato del “servicio de vigilancia de seguridad privada en dependencias municipales de la ciudad autónoma de Melilla”, donde parece ser que la CAM “se ha saltado a la torera la Ley de Contratación permitiendo que empresas que no cumplen con los requisitos establecidos continúen en el proceso de adjudicación, tal y como han denunciado varias empresas de seguridad privada y sindicatos”.
Haciéndonos eco de está denuncia “mostramos nuestro compromiso con quienes piden que se cumpla la ley y pedimos a las autoridades competentes que den explicaciones públicas sobre los mecanismos que han seguido en el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública en dicho proceso de adjudicación”.
La contratación de servicios públicos “con empresas piratas justificándolo en el ahorro nos está costando muy caro”, indica el portavoz de Podemos. “La falta de solvencia de las empresas piratas y su declaración de quiebra en demasiadas ocasiones deja el servicio sin realizar, al personal abandonado y se queda con el montante económico. Convirtiéndose nuestro Ayuntamiento en un rescatador de empresas privadas y nunca del servicio público”, apostilla.
Ley
Desde Podemos Melilla “demandamos al gobierno de la Ciudad que cumpla la Ley de Contratación y se ciña al articulado de la misma, dejando fuera de toda licitación a toda empresa que incumpla con los requisitos de participación en la misma”.
“Las consecuencias previsiblemente serán de nuevo una deuda económica y daños personales, cómo ya ocurre con los trabajadores y trabajadoras de la piscina municipal, del CETI y de Melilla Monumental entre otros, en este caso con los y las vigilantes de seguridad”, enumera.
