El Sindicato Médico de Melilla (SMM) y la Federación de Enseñanza (FeUSO) han denunciado públicamente la “situación de fraude de ley” que, según afirman ambas organizaciones sindicales, soportan los trabajadores eventuales e interinos de larga duración de los sectores de Sanidad y Educación en Melilla. Consideran “intolerable e insostenible” esta situación, “homologable al resto de colectivos de empleados públicos de nuestra ciudad y de otras administraciones”, y anuncian su intención de estudiar la impugnación de todos los procesos selectivos que se celebren en Melilla y conculquen lo estipulado por la sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE).
En dicha sentencia, como recordaron el SMM y FeUSO, se instaba a España a solucionar el problema y, por otro lado, le conminaba a evitar el cese de estos profesionales, víctimas de estrategias políticas impropias de un país europeo. Sin embargo, mostraron su “preocupación mayúscula ante la evidencia de que las diferentes administraciones están haciendo caso omiso de la sentencia”.
Los dos sindicatos avanzaron, además, que piensan analizar qué otras medidas jurídicas se pueden implementar contra los responsables de dichos procesos. Esta fue una de las principales conclusiones de la reciente reunión que hubo entre cargos ejecutivos de ambos sindicatos, dentro del grupo de trabajo de Fraude de Ley.
Mostraron su “decepción profunda” por “la nula sensibilidad humana, social y jurídica de la mayoría de las administraciones” hacia los profesionales de la Educación y la Sanidad que sufren esta situación. Recordaron que muchos de ellos llevan más de 10 años trabajando para el sector público y cargas familiares importantes.
“Han visto cómo pasaban muchísimos años sin convocar una OPE que les pudiera haber estabilizado en su momento. Ahora pueden perder su trabajo, después de años de desempeño profesional impecable, en plazas que eran estructurales, pero que la Administración maquilló como temporales, en una maniobra injustificable”.
Plataforma
Por ello, los dos sindicatos tienen la “firme determinación” de crear una plataforma transversal, en la que invitan a todas las organizaciones sindicales y plataformas de afectados, para luchar, con todos los medios jurídicos, ciudadanos y sindicales, “contra esta lacra, creada, permitida y alimentada por las diferentes administraciones”.
También constataron “la baja calidad democrática de las muchas administraciones públicas en Melilla”. “La ausencia de negociación y las conductas autoritarias que suprimen nuestra acción ciudadana, no son propias de una democracia participativa, asemejándose a las practicadas por los regímenes totalitarios”, aseveraron.
Además de la plataforma y de estudiar la impugnación de procesos selectivos, acordaron establecer un marco conjunto de acción entre las asesorías jurídicas de ambos sindicatos e iniciar la coordinación con otros colectivos y actores sociales nacionales “para incardinar a Melilla en el mapa español del Fraude de Ley y desarrollar en nuestra ciudad iniciativas en sintonía con las que se realicen en el resto del Estado”.
También iniciarán la ampliación de sus acciones a todos los ámbitos públicos “para ofrecer apoyo a cualquier trabajador público víctima del Fraude de Ley”.
