El PP ha anunciado su intención de poner en conocimiento de la Guardia Civil todo lo relacionado con la gestión del contrato de grúa municipal, adjudicado por la Ciudad Autónoma, por considerar que se podrían haber cometido diversas irregularidades. En rueda de prensa, la diputada local del PP Paz Velázquez señaló, entre los presuntos delitos que su partido ve en dicha gestión, los de prevaricación, malversación, contra el Medio Ambiente y de tipo urbanístico, de ahí su intención de llevar el asunto ante el instituto armado “para que investiguen y lleven las pesquisas necesarias para solventar la situación”. Velázquez recordó que el PP ya ha denunciado este asunto políticamente en la comisión, pero criticó que el Gobierno melillense no entiende “o no quiere entender” las “circunstancias tan graves” que, según dijo, se están derivando de la gestión de este contrato.
Deuda
Una de ellas, una deuda de 4,4 millones de euros que, tal y como apuntó Velázquez, está contrayendo la Ciudad Autónoma desde septiembre del año pasado con la anterior empresa adjudicataria, que sigue pasando facturas diarias por tener en sus terrenos vehículos retirados por la grúa municipal sin tener ya ningún contrato en vigor.
La diputada popular acusó al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, de actuar “con una absoluta dejadez” y “desentenderse de sus responsabilidades” por no haber atendido los escritos presentados por dicha empresa, algo de lo que también responsabilizó a la consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, durante el tiempo que tuvo las competencias.
Se trata, indicó Velázquez, de una “deuda brutal” que cada día aumenta, y que se verá también acrecentada no solo por los intereses, sino también por el hecho de que los Presupuestos de la Ciudad Autónoma para 2021 no incluyen ninguna partida para abonar dichas cuantías, lo que evidencia que “no tienen ninguna intención” de abonarlas.
Además de esta deuda, la diputada local del PP aseguró que este servicio está siendo prestado mediante un contrato de emergencia que acumula ya 16 meses y que está resultando más caro pese a que ofrece “muchísimo menos” que el anterior, lo que, en su opinión, supone un “despilfarro de dinero público”.
Suelo rústico
También considera como algo “bastante escandaloso” que la empresa que está prestando el servicio ofertara 150 plazas de garaje para el depósito de los vehículos retirados, pero en realidad se trata de un terreno de 1.400 metros cuadrados donde “es imposible almacenar más de 50 coches”.
Ello ha provocado, según Velázquez, que los vehículos se estén almacenando en un terreno rústico, ubicado en el Callejón de la Marina, algo que aparece en un atestado de la Policía Local, cuyos agentes se personaron en dicha finca y el propietario no les dejó acceder.
El informe policial, que ha sido facilitado al PP por parte del superintendente de la Policía Local, fue elaborado a partir de la denuncia de un ciudadano en diciembre, en la que se aportaban fotos de satélite “donde se ven que se están ubicando allí los coches”, pese a que “no tiene licencia para ello”.
Además, “en las fotos se puede observar que se ha construido” pese a ser suelo rústico dedicado a la ganadería, por lo que, en palabras de Velázquez, podría tratarse de un posible delito urbanístico y contra el Medio Ambiente.
“Esta empresa es adjudicataria de un contrato público”, denunció públicamente Velázquez, que considera “algo insólito” todo lo que está sucediendo en torno a este contrato desde que expiró el anterior el 11 de septiembre de 2019.
