En las últimas décadas, la precariedad laboral se ha generalizado en el mercado laboral español, pero son las Administraciones Públicas las que han contribuido a la precarización laboral a través de la contratación temporal. Durante décadas, han utilizado la contratación de personal eventual para cubrir vacantes permanentes y estructurales, en lugar de hacerlo para resolver cuestiones puntuales o de carácter urgente, como así indica la normativa.
En los últimos meses, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de marzo de 2020, el personal temporal e interino de las AAPP ha visto reconocido lo que desde hace años se viene denunciando por parte de la Confederación Intersindical y los STEs-i: las Administraciones Públicas han abusado de la contratación temporal.
La citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a la Directiva UE 1999/70, reconoce que ha habido abuso de temporalidad en la contratación del personal eventual e interino del sector público. Advierte que ni los procesos selectivos de libre concurrencia, ni la transformación del personal temporal o interino en “indefinido no fijo” son la solución porque ninguna de estas medidas garantiza la protección del personal que ha sufrido abuso de la temporalidad. También deja en claro que los procesos de estabilización resultantes de los dos Acuerdos a nivel estatal de 2017 y 2018 (suscritos por CCOO, UGT y CSIF) no son sanción al abuso de la contratación temporal.
En el último trimestre de 2020, se han venido presentando diferentes iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso de los Diputados y Senado como en algunos Parlamentos autonómicos (Cataluña, País Vasco, Canarias). En unas se insta a emprender acciones normativas para promover la consolidación administrativa de este personal empleado público en fraude de Ley a través de la reforma del EBEP; en otras, se propone una modificación de la legislación básica para establecer un turno restringido de acceso.
Desde SATE-STEs y los STEs-i, exigimos que de forma urgente se busque una solución para todo el personal del sector público que ha estado contratado en fraude de Ley y que ha sido víctima de las políticas de contrataciones erróneas y abusivas que se han llevado a cabo durante décadas
Para ello, es necesario que, de forma urgente, se pongan en marcha iniciativas normativas o legislativas que eviten los efectos negativos que para este colectivo tienen las ofertas extraordinarias de estabilización de los empleos convocados a raíz del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público firmado por el Partido Popular y los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT en 2017. Porque, como ha dejado meridianamente claro el TJUE, ni suponen una sanción para las Administraciones incumplidoras de las normas europeas, ni mucho menos constituyen un mecanismo de resarcimiento para el personal objeto del abuso de la temporalidad.
Por último, diferenciando entre las medidas que hayan de resolver el problema de la alta tasa de temporalidad actual de aquellas que tengan una finalidad preventiva, se han de introducir en el Estatuto Básico del Empleado Público modificaciones que recojan mecanismos efectivos de sanción para las Administraciones Públicas incumplidoras. Si concurren estas condiciones, la Confederación Intersindical estará dispuesta a prestar su colaboración y apoyo; pero, si no es así, no dudaremos en poner los medios necesarios a nuestro alcance para que se cumpla la máxima de: reducir la temporalidad consolidando a las personas objeto de fraude de ley sin que nadie quede atrás en el camino.
Mientras no se dé una solución, que entendemos que no puede ser otra que la estabilidad, consolidación o cualquier otra figura que reconozca la fijeza y que suponga una sanción al abuso de temporalidad, desde SATE-STEs, y los STEs-i impulsaremos una campaña de movilizaciones junto a otras organizaciones. Porque ha llegado ya la hora de que se dé una solución a la contratación irregular en las Administraciones Públicas.
