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SUP y AUGC instan a Interior y Sanidad ser el siguiente colectivo en vacunarse

Partiendo de la premisa de que son conscientes de que hay otros colectivos más vulnerables y que están sometidos a un riesgo mayor de contraer el virus, entienden y apoyan que esos colectivos reciban la vacuna con carácter prioritario y preferente, pero también defienden que, en función de la llegada de nuevas dosis a España y de la ampliación del número de laboratorios que las suministran, el siguiente grupo a proteger, sea el de los profesionales de la Seguridad Pública El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) instan al Ministerio del Interior y al de Sanidad a que los policías nacionales y guardias civiles sean el siguiente colectivo a vacunar frente a la Covid-19 por los evidentes riesgos que corren a diario al verse expuestos a potenciales contagios en sus intervenciones con los ciudadanos.
“Este llamamiento se amplía a las Comunidades Autónomas que están representadas en el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que los expertos de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco pongan sobre la mesa de ese órgano la necesidad urgente de iniciar la protección de los agentes”.

Tanto el SUP como AUGC han reclamando conjuntamente a los dos Ministerios y a las CC.AA., que se elabore y publique una tercera actualización de la Estrategia de Vacunación frente a la Covid-19, estableciendo que los policías nacionales y guardias civiles sean el siguiente colectivo a proteger, tal y como ha reconocido el Secretario de Estado de Seguridad en una conferencia ofrecida ayer, resulta vital prevenir la transmisión del virus en un colectivo profesional fundamental para garantizar tanto la aplicación de las medidas limitativas de circulación o actividad comercial del Estado de Alarma, como para ofrecer auxilio a colectivos desfavorecidos o mantener el resto de actuaciones en el ámbito de la Seguridad Ciudadana.

Esas intervenciones policiales requieren una relación directa y estrecha con el ciudadano que es, precisamente, la que aumenta exponencialmente los riesgos que se asumen y, además de poner en riesgo la salud del funcionario y de su familia, podrían comprometer en el futuro el número de efectivos disponibles para atender los cometidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en toda España.

Según indican, su llamamiento para que se acometa cuanto antes esta vacunación, se singulariza en la nueva ministra de Sanidad, doña Carolina Darias, a quien interpelan públicamente para que incluya a estos grupos en la siguiente fase del proceso de vacunación.

Por otro lado, en declaraciones ofrecidas por un representante del SUP, en cuanto a los medios de protecciòn con los que cuentan, manifiesta que “no están a la altura de lo que nosotros necesitamos. Es verdad que tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional estamos prácticamente cuerpo a cuerpo con los inmigrantes irregulares, porque hay que gestionar esa entrada y llevarlos hasta el CETI, que con el problema que tenemos ahora de la pandemia y siguiendo las medidas de seguridad necesarias, tenemos que ir todos con mascarillas, guantes, incluso EPIS, porque estas personas, si tienen que pasar un filtro, somos nosotros quienes tenemos que estar con ellos, entonces, siempre exigiremos a la Administración, a la Jefatura Superior de Policía, que todos los policías estén con los mejores medios de protección, lo mismo que un chaleco antibalas, que también es una necesidad perentoria y medios de defensa personal que tenemos que tener, para afrontar a la delincuencia en la calle, que cada día puede ser y es más agresiva”.

En relación a la Cumbre hipano-marroquí, aseveró que “la entrada de inmigrantes irregulares en las Islas Canarias ha sido muy alta y posiblemente ese tipo de causas está creando problemas de comunicación entre los diferentes gobiernos, ya que supuestamente, se iba a celebrar una en febrero, y se está retrasando, pero esa información es la que conozco por los propios medios de comunicación. La frontera de Melilla, actualmente está cerrada. El año pasado, exclusivamente, se abrieron unos pasillos humanitarios para las personas que quisieron regresar a sus domicilios, con la gestión que se hizo desde la Delegación de Gobierno, la Jefatura Superior de Policía y la Administración Local, pero actualmente no hay ningún tipo de trasiego por los pasos fronterizos”.

Concertina
Sobre la retirada de la concertina en la valla de Melilla, indicó que “es una medida positiva, pero va muy lento. Es un cambio de estructura para intentar evitar que entren los inmigrantes y se puedan hacer daño. Tendría que haber una política activa donde no se tuviese que saltar la valla y permitir que los inmigrantes entrasen por los puestos fronterizos, que son los pasos habilitados para poder entrar de forma regular y legal a nuestra Ciudad”.

Continuó diciendo que “las fronteras son puntos de acceso y los inmigrantes que han querido acceder irregularmente por ellas, han accedido, sorteando a los policías que estamos alli controlando los puestos fronterizos. El sistema implantado en estos puestos, ha estado muy mal gestionado, por las políticas gubernamentales y el policía se ha enfrentado a situaciones de enfrentamiento con personas, con kamikazes que querían entrar a la fuerza, jugándonos el tipo para evitar que eso pasara.

Yo creo que tiene que haber una política diferente con respecto a los pasos fronterizos habilitados y un personal totalmente cualificado, catalogado, que no existe y no quieren ponerlo.

Eso tiene que cambiar, tiene que hacerse un sistema diferente, en el que el policía no esté enfrentándose todas las horas de servicio, y comprobando documentación, porque eso cansa psicológicamente. Hay que decírselo a la Delegación del Gobierno, al Ministro del Interior, no se puede consentir que sigamos así”.

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