El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla tomó ayer declaración a una subinspectora laboral que ha sido denunciada por un presunto caso de falsedad documental después de que hubiera propuesto una sanción a un comerciante de más de 10.000 euros por un supuesto empleado ilegal que, como reflejarían las cámaras de la nave, no sería tal porque ni siquiera estaba en el interior del establecimiento ni trabajando en el mismo. Ayer tuvo lugar la toma de declaración de testigos en el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, en relación a un presunto delito de falsedad en documento público, en el que se investiga a la funcionaria de la Inspección Provincial de trabajo y Seguridad Social de Melilla, concretamente una subinspectora laboral, de la escala de empleo y seguridad social, con más de 15 años de antigüedad.
Según la parte denunciante, la funcionaria, presuntamente, podría haber recogido en el acta de infracción unos hechos que no fueron los ocurridos realmente el día de la visita dado que, según apuntan, el día de los hechos estaban en el establecimiento los dos responsables cuando apareció la funcionaria y en cambio reflejó que había tres trabajadores, un tercero que supuestamente no estaría contratado.
Sin embargo, las cámaras del establecimiento fueron testigos de los hechos y, tal y como subrayan, en las imágenes se ve claramente que en la nave solo estaban los responsables y la tercera persona en cuestión se hallaba en el exterior.
La denuncia contra la subinspectora se produce a raíz de su propuesta de sanción de más de 10.000 euros a la empresa por unos hechos, aseguran, que no ocurrieron.
El caso está en los juzgados y serán estos los que decidirán sobre estos hechos que han provocado que la funcionaria esté en calidad de investigada.
