El PP considera que con la sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la mayor parte de la que ya emitió la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla, “se ha hecho justicia” y evidencia que la formación popular “llevaba razón” al presentar su denuncia en 2008. En rueda de prensa, el presidente regional del PP, Juan José Imbroda, recordó que su partido denunció ante sus sospechas de que pudiera haberse producido un delito electoral en las generales de 2008, cuando PSOE y Coalición por Melilla (CPM) concurrían juntos en la circunscripción de Melilla. “El PP tenía la mayoría muy garantizada en las encuestas con mucha diferencia, pero a la hora de contar los votos, estuvieron cerca y eso cantó”, afirmó Imbroda recordando, además, que los populares recabaron durante la campaña testimonios de ciudadanos que tenían documentación de los planes de empleo “con membrete oficial”.
Por ello, el PP denunció al considerar que se había dado un “delito de corrupción” porque “han intentado romper el sistema de libre elección que hay en España”, dijo Imbroda tras destacar las condenas de dos años de prisión y 30 meses de inhabilitación para los máximos responsables de PSOE y CPM en aquella época, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, respectivamente, si bien este último se mantiene al frente de su partido.
Acatar las decisiones judiciales
“Aquí son dos los delitos condenados, por delito electoral y falsedad en documento público”, apuntó Imbroda, que recordó también que el PP recurrió la sentencia para que se considerara también el voto particular de uno de los jueces respecto a un supuesto delito de asociación ilícita, algo que el Supremo no ha contemplado.
El líder popular dejó claro que su partido, “en las buenas y en las malas”, acata y respeta cualquier decisión judicial y, en este caso, también lo hace “porque ese es el Estado de Derecho y hay que apoyar un poder independiente que afecta y ampara a todos, como es el judicial”.
Asimismo, puntualizó que el PP “no pide cárcel” para los condenados, sino que denunció en 2008 al considerar que se habían cometido supuestos delitos que llevan aparejadas una serie de penas.
