La Guardia Civil ha imputado en Melilla a dos jóvenes un supuesto delito de riesgo contra la seguridad colectiva de las personas, después de ser sorprendidos en el puerto deportivo Noray cuando pretendían introducir en una embarcación deportiva una gran cantidad de garrafas de gasolina, 900 litros en total. En una nota de prensa, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha informado de que esta actuación se enmarca en el cambio del modus operandi de ciertas actividades delictivas y de infracciones administrativas de todo tipo que se ha detectado en la ciudad desde que en marzo de 2020 fueron cerrados los pasos fronterizos con Marruecos por la pandemia.
Los hechos ocurrieron al anochecer del lunes día 15, cuando el instituto armado detectó un vehículo circulando por el interior del Puerto Noray, cuyos ocupantes estacionaron en las inmediaciones de las embarcaciones deportivas y se apearon adoptando “una actitud sospechosa, de vigilancia”, tratando de comprobar que no había personas a su alrededor.
Después, comenzaron a extraer bolsas negras de grandes dimensiones, que pretendían introducir en una de las embarcaciones allí atracadas, momento en el que fueron abordados por los guardias civiles que se apercibieron de su actuación.
Esos bultos de grandes dimensiones, envueltos en bolsas de plástico de color oscuro, resultaron ser 32 garrafas de 20 litros cada una, que contenían un total de 640 litros de gasolina.
El registro de la embarcación deportiva donde pretendían introducir el combustible permitió detectar otras 13 garrafas de las mismas dimensiones y contenido, con otros 260 litros de gasolina.
Tráfico de combustible
Este tipo de actividades, conocidas en el argot como “tráfico de combustible”, preferentemente gasolina, se destinan a motores fuera borda de los que se proveen las embarcaciones de alta velocidad dedicadas a actividades delictivas, como puede ser el tráfico de drogas o de personas.
Dado el control que la Guardia Civil realiza para evitar ese abastecimiento irregular y clandestino de esas embarcaciones de alta velocidad, dedicadas a actividades delictivas, las personas que les sirven de apoyo con ese tráfico de combustible obtienen “grandes beneficios”, según informa este cuerpo de seguridad.
Su venta clandestina, realizada en ocasiones en alta mar con su trasbordo, multiplican varias veces su valor de compra.
A las dos personas investigadas, ambas de nacionalidad española, naturales y residentes en Melilla, se les imputa un presunto delito de riesgo contra la seguridad colectiva tipificado en el Código Penal, dadas las características del combustible intervenido, catalogado como inflamable, peligroso y explosivo.
Además, su cantidad, del orden de unos 900 litros, y el lugar donde se depositaba, en el interior del camarote, constituyen “un alto riesgo susceptible de causar cualquier tipo de peligro para la seguridad de las instalaciones y personas”, según la Guardia Civil.
Asimismo, se les han tramitado diversas infracciones administrativas a la Ley de Puerto del Estado y de la Marina Mercante y a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
