El Sindicato Médico de Melilla y la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) han anunciado que, ante la falta de respuesta de las administraciones políticas a sus reivindicaciones de lograr la estabilidad laboral de los interinos, proseguirán con el calendario de reivindicaciones y el próximo día 28 de febrero, multiplicando la movilización de hace cuatro semanas en nuestra ciudad. Aquel día unos 1.500 trabajadores temporales del sector público de Melilla a bordo de 600 vehículos se manifestaron mediante una caravana automovilística, convocados por la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de la Ciudad Autónoma, para pedir el fin del "abuso de temporalidad" en la Administración y denunciar la "precariedad" que afecta a unos 3.000 empleados públicos en nuestra ciudad, según los organizadores.
Las dos organizaciones han asegurado que en Europa no caben en sí de asombro. “El único país de la Unión Europea que comete fraude de Ley con sus trabajadores públicos es España. Por si alguien tenía alguna incertidumbre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia del pasado 11 de febrero, deja aún más claro que hay que solucionar dicho problema del Fraude de Ley en nuestro país y que está solución nunca puede pasar por el despido del trabajador interino o eventual de larga duración”.
Al respecto, han indicado que estos trabajadores públicos “han sido especialmente maltratados por la administración pública; no sólo han sufrido trabajo precario, debido a la ausencia de procesos de consolidación, y a que la administración ocultaba sistemáticamente las plazas estructurales en las ofertas públicas de empleo, sino que han tenido que renunciar, debido a su inestabilidad laboral, a muchos planes de presente y futuro, algunos tan vitales como la adquisición de vivienda propia, poder formar una familia, o tener hijos, entre otros”.
Muchas de los afectados son mujeres, que, además de los sacrificios que han hecho sus compañeros varones, “han tenido que renunciar, incluso, a bajas de maternidad, para no perder su puesto de trabajo (algo que no pasa en ningún país de la Unión Europea, pero sí pasa en España, donde dicen que hay un Ministerio de Igualdad, a diferencia del resto de países de la UE)”.
Otros muchos empleados públicos, algunos con más de 50 años, se ven en la calle, cuando han consagrado su vida al sistema público, añadido desde el Sindicato Médico de Melilla y la Federación de Enseñanza de USO. “Para más inri, el colectivo de interinos de larga duración ha sido el más castigado por la pésima gestión de la pandemia COVID en nuestro país, tanto por el gobierno central, como por las comunidades autónomas, ya que estos trabajadores han estado en la primera línea de todos los colectivos” ha concluido.
