La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha instado al Parlamento español a modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, al entender que tiene un impacto sobre los derechos humanos por su “potencial represivo”. En un dictamen adoptado durante su sesión plenaria del 19 de marzo, la Comisión de Venecia recomienda revisar las elevadas multas que recoge la ley aprobada durante la mayoría absoluta del PP y que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha prometido modificar. Según ha explicado el Consejo de Europa, el dictamen se centra en las disposiciones sobre controles en lugares públicos, la vigilancia de manifestaciones espontáneas y las responsabilidades derivadas de los organizadores de las mismas, así como los rechazos de inmigrantes en la frontera española en Ceuta y Melilla.
En este sentido, tras recordar que la ley cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional, el órgano consultivo reconoce que España se encuentra en una “difícil situación” por la necesidad de defender sus fronteras y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Por este motivo, aboga por que la ley especifique que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deben proceder con el rechazo en la frontera si aprecian que un extranjero tiene razones convincentes para no utilizar los procedimientos ordinarios de solicitud de asilo.
“Abusos en la práctica”
En su dictamen, la Comisión de Venecia recuerda que el Parlamento se ha comprometido a modificar la ‘ley mordaza’, una norma que considera que conduce a “abusos en la práctica” porque confía a la Policía “amplios poderes”, echando en falta delimitar las situaciones en las que se puede aplicar.
La Comisión de Venecia sostiene que la naturaleza de las infracciones y la gravedad de las multas previstas en la ley –de hasta 600.000 euros en los casos muy graves, lo que ve “bastante elevado en el contexto español”– hacen que se pueda subordinar al derecho penal, de ahí que demande “más precisión” al legislador o mecanismos para detectar posibles abusos.
Se refiere, en concreto, a las sanciones derivadas de la “desobediencia a las autoridades”, ya que en la práctica cree que puede afectar al ejercicio de la libertad de reunión. En este sentido, apela al legislador para que los ciudadanos tengan las “garantías mínimas” de acuerdo con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
