El Gobierno de España ha asegurado, a preguntas de Vox, que “se destinarán todos los recursos necesarios para garantizar las funciones de seguridad de las fronteras que le son encomendadas”. Unas palabras que podrían dar a entender que se atenderán las muchas necesidades, tanto de material como de recursos humanos, que hay en las fronteras de Ceuta y Melilla. Sin embargo, “desde Moncloa ni concretan ni cuantifican qué recursos se destinarán a las fronteras terrestres para garantizar su seguridad, dejando nuevamente en el aire las demandas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el Tarajal y Beni Enzar”, según indicó Vox.
No obstante, es la primera vez que desde Moncloa no contestan asegurando que los recursos en las fronteras son los adecuados. Y lo hacen como ampliación a una respuesta anterior a la pregunta de la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, respecto a las declaraciones del primer ministro marroquí sobre su intención de anexionarse a las ciudades autónomas.
“La primera respuesta, con fecha de primeros de marzo, repetía el mantra del Gobierno socialcomunista de que Marruecos es un país vecino y amigo además de un socio estratégico”, destacan. Eso sí, señalaba que se tiene “relación profunda y variada” y que ello “no excluye que haya cuestiones en las que las posturas diverjan” pero que la voluntad es “tratar las discrepancias con respeto”. Una contestación “más que tibia” sobre una situación ante la que VOX tiene claro que “no cabe más que una defensa inequívoca de la soberanía española de las dos ciudades autónomas”.
Ahora, el Ejecutivo de Sánchez dice que destinará los recursos necesarios a las fronteras, pero vuelve a apostillar que no comparte “la afirmación sobre la amenaza a la integridad territorial o a la soberanía nacional” de la que alerta Vox en su escrito. Pero la realidad, dice dicho partido, es que “Marruecos sigue su hoja de ruta para asfixiar la economía de Ceuta y Melilla, y las islas Canarias siguen recibiendo continuas oleadas de inmigración irregular frente a la demostrada pasividad del Gobierno central”.
