Leyendo sobre la teoría del Estado me quedo con la siguiente cita de Lysander Spooner: “Ellos [los funcionarios que acceden al gobierno en virtud de las elecciones] no son nuestros servidores, ni nuestros agentes o representantes… No podemos hacernos responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, mi agente o mi abogado, asumo necesariamente la responsabilidad de todos los actos que ejecuta dentro de los límites de los poderes que le he conferido. Si le he investido, en cuanto agente mío, de poderes absolutos, o de poderes sobre las personas o sobre las propiedades de otros hombres, salvo yo mismo, me hago en el acto y necesariamente responsable de todas las demás personas y de todos los daños que pueda causar, siempre que actúe dentro de los límites del poder que le he conferido. Pero ningún ciudadano que se sienta perjudicado en su persona o en sus propiedades por decisiones del Congreso puede acercarse a los electores concretos y exigirles responsabilidades por los actos de sus llamados agentes o representantes. Y esto demuestra que los presuntos agentes del pueblo, de todos y cada uno de los ciudadanos, no son, en realidad, agentes de nadie.” ¿Cómo puede ser que los ciudadanos sigamos pagando por los continuos errores de nuestros gobernantes y no podamos hacer nada al respecto? ¿Cómo es posible que las consecuencias de sus decisiones no acaben recayendo sobre ellos de alguna manera?
Puesto porque el Estado justifica todos sus atropellos con una “ideología” que ha sido siempre clave, y que evoluciona en función de las condiciones y culturas. Así, desde los primeros imperios orientales, el emperador contaba a menudo con el respaldo del clero, que proclamaba su origen divino. En la actualidad, ese “origen divino” se sustituye por el “bien público” y el “bienestar general”. Un bien público y bienestar general que se utilizan para justificar todo tipo de atropellos.
Es cierto que el Estado desempeña importantes y necesarias funciones: la promulgación de leyes, conservación de las calles y carreteras, las fuerzas de seguridad del Estado, etc. Pero, aunque desde mi punto de vista estas son funciones que el Estado debe llevar a cabo, eso no demuestra que solo el Estado pueda cumplir estas tareas, ni que las lleve a cabo de un modo aceptable.
Ya está bien de legitimar todo lo que hacen los Gobiernos aludiendo a la “voluntad popular”. Más aún cuando el ganador de las pasadas elecciones consiguió el 28% de los votos de los 24 millones de españoles que acudieron a las urnas. Cifra que pasa a representar el 18% de la población en edad de votar. Que se llama a eso “lo que los españoles han elegido”, y que gobiernen en nombre de la “mayoría” es una mentira que solo podemos dejar escapar por la anteriormente mencionada “ideología” que se nos acaba inculcando desde que tenemos memoria.
