Además del fondo del asunto, llama la atención la falta de transparencia con la que se está tratando, a diferencia de otros como, por ejemplo, la famosa auditoría del sobrecoste de la Estación Marítima El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla se reúne esta mañana con un asunto sobre la mesa, y es el procedimiento de responsabilidad contable provocado, al parecer, por una deuda de una naviera con el puerto cuyo pago éste dejó de reclamar como si su economía fuera boyante o le sobrara el dinero. Ni una cosa ni la otra, después de la caída de actividad que viene sufriendo desde hace unos años, primero por la frontera, y después por la pandemia.
Se ha producido, por tanto, un quebranto económico a la Autoridad Portuaria, por el que se ha interesado el Tribunal de Cuentas. Este expediente no conlleva responsabilidad penal ni administrativa, pero sí contable, como su propio nombre indica, después de la celebración de una especie de juicio.
Con este tipo de procedimientos, el Tribunal de Cuentas exige que el responsable de este quebranto de dinero público responda con su bolsillo. Fue lo que le pasó, por ejemplo, al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que fue condenado por el Tribunal de Cuentas a reintegrar al erario público 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta soberanista del 9-N de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
Además del fondo del asunto, llama la atención la falta de transparencia con la que se está tratando, a diferencia de otros como, por ejemplo, la famosa auditoría del sobrecoste de la Estación Marítima.
Mientras la Autoridad Portuaria convocó a toda la prensa para anunciar esas “demoledoras conclusiones” de esa auditoría, y después han ido saliendo todos los miembros de Coalición por Melilla (ya sólo faltan por hablar de ello sus tres viceconsejeros), además del PSOE, nada se ha dicho sobre este tema. Parece como si quisieran pasar de puntillas. Por eso será curioso comprobar si, después de la reunión del Consejo de Administración, la Autoridad Portuaria se digna a informar sobre ello o prefiere seguir guardando silencio.
