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La Fiscalía pide la imputación de Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos por “prevaricación administrativa”

La Fiscal Jefe de Melilla ha denunciado por un presunto delito de prevaricación administrativa al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro y a los ex consejeros de Hacienda Julio Liarte y de Presidencia Paula Villalobos, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión del Servicio de Grúa de Melilla, y pide que declaren ante el juzgado en calidad de investigados. Según el auto de la Fiscal Jefa Laura Santa Pau Vázquez, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, la representante del ministerio público ha acordado la remisión de la documentación que obra en su poder, al Servicio Común de Registro y Reparto, Sección Primera de esta ciudad, “a fin de que, por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda, se incoen las oportunas diligencias previas y se depuren responsabilidades” en las que pudieran haber incurrido Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos, los tres miembros del primer gobierno que surgió tras las elecciones de mayo de 2019, los tres propuestos en el cupo de Ciudadanos (Cs) en su coalición con PSOE y CPM.

Laura Santa Pau ha tomado esta decisión de tomar en consideración una denuncia ciudadana en la que se exponían las presuntas irregularidades cometidas por las tres autoridades cuando acabó el contrato mayor adjudicado al empresario Hamed Uassani y “optaron por contratar los servicios, sin ningún tipo de sustento legal ni administrativo, a una empresa con grúas tercermundistas y a un familiar del Vicepresidente 2º de la Ciudad que tenía un depósito ilegal lleno de chatarra y borregos” señala textualmente el escrito que presentó un ciudadano ante la Fiscalía y que podría suponer la imputación del presidente de la Ciudad y los dos ex consejeros, si el juez acepta la petición de la fiscal jefe.

Para legalizar esta situación, ha añadido el denunciante, “dos semanas más tarde decidieron iniciar una tramitación de emergencia fusionando el servicio de grúa y el servicio de depósito que venían prestando de forma diferenciada 2 empresas independientes. Ello les permitió utilizar el Informe Necesidad Grúa Municipal para justificar la tramitación de emergencia de la contratación del servicio de depósito y así poder saltarse todos los requisitos establecidos en la LCSP (La Ley de Contratos del Sector Público) que habrían impedido adjudicar el servicio de depósito de vehículos” a un familiar del vicepresidente segundo.

En opinión del ciudadano que ha dado pie a la actuación fiscal, “gracias a esta forma de proceder, la Ciudad Autónoma pudo deshacerse de Uassani y Vectalia y adjudicar a dedo el servicio de depósito al familiar del vicepresidente por un precio que multiplicaba por 7 el que se había venido abonando hasta hacía unos días. Y ello pudieron hacerlo sin importar que iba a prestar el servicio en un garaje que no era suyo y en el cual no cabía ni la tercera parte de las 150 plazas contratadas”.

“Caja B” en la Policía Local
En el escrito que ha llevado a la Fiscalía a pedir la imputación de Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, el ciudadano ha subrayado que si todo lo que ha expuesto hasta ahora es poco, “parece ser que no solo se ha malversado y dilapidado dinero público, sino que el mismo directamente podría estar siendo robado”.

En este sentido, ha explicado que “desde que finalizó el contrato mayor de Uassani, la Policía Local asumió el cobro de las Tasas por la retirada de vehículos de la vía pública y traslado al depósito, pero a partir de ese preciso momento no se ha ingresado en las arcas municipales la recaudación de las tasas de 10 de los 15 meses transcurridos, lo cual induce a pensar que el dinero recaudado podría estar siendo sustraído”.

Igualmente, en relación a los ingresos que se efectuaron en las arcas municipales, el ciudadano que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía ha destacado que en los mismos “no se incluía la cantidad recaudada gracias a los vehículos que eran recogidos del depósito de Uassani, ya que esa cantidad fue destinada a la creación de una Caja B que era administrada” por un responsable policial de dicho cuerpo de seguridad dependiente de la Ciudad Autónoma “para efectuar pagos sin ningún tipo de control o fiscalización a, al menos, Hamed Uassani”.

Para nutrir de más fondos a la supuesta “Caja B”, ha señalado que la Policía Local habría cobrado unos importes muy superiores a los establecidos para las tasas en la "Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la retirada de vehículos de la vía pública y traslado al depósito".

Por todo ello, el denunciante ha solicitado a la Fiscalía de Melilla que actúe “ante las graves negligencias e ilegalidades que se están cometiendo por parte de los máximos responsables de la Ciudad Autónoma de Melilla”, algo que ha llevado ahora al fiscal jefe a solicitar al juzgado la toma de declaración como imputados de Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos.

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M.H.

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