Según la exposición del denunciante, ante la finalización del contrato mayor adjudicado a Uassani en 2015 y la no formalización del nuevo contrato mayor que estaba en licitación en ese momento, los máximos responsables de la Ciudad Autónoma a partir de junio de 2019 “decidieron no ofrecer a Hamed Uassani la realización de un contrato puente y dejaron a Melilla sin Servicio de grúa, depósito e inmovilización de vehículos”. A su juicio, esta decisión supuso “una deliberada negligencia que, según ellos mismos, en una semana se tornó en un "grave peligro" para la seguridad pública”. Al respecto, ha destacado que “la decisión supuso dejar a Melilla sin un servicio esencial, pero no libró a la Ciudad del gasto del mismo, ya que en las instalaciones de Uassani permanecían más de mil vehículos, la inmensa mayoría de los cuales aún permanecen allí y, como consecuencia de ello, la Ciudad tarde o temprano tendrá que pagar una cifra que podría llegar a alcanzar los 5 millones de euros”. Para el ciudadano que interpuso la primera denuncia ante la Fiscalía, “desde la Consejería de Presidencia se generó un "grave peligro" y para solucionarlo, en vez de rectificar su decisión de no hacer el contrato puente, decidieron dividir el servicio y contratar a 2 empresas que jamás habían trabajado para la Ciudad y que no habrían cumplido ni la décima parte de los requisitos establecidos en los pliegos técnicos de los sucesivos contratos mayores que se han licitado”.
