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El juzgado pide datos a El Corte Inglés, BBVA, AMA y al auditor sobre la denuncia por presunta “apropiación indebida” de Jesús Delgado Aboy Aboy

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Melilla ha pedido oficialmente datos a El Corte Inglés, al banco BBVA, a la mutua de profesionales sanitarios AMA y al auditor José Luis Sánchez Aranda sobre los gastos cometidos por Jesús Delgado Aboy durante su etapa como presidente del Colegio de Médicos de Melilla, después de que la entidad colegial le denunciara por la presunta comisión de un delito de “apropiación indebida”. La Fiscalía también se ha sumado a la denuncia y acusa al ahora diputado tránsfuga, que tuvo que dimitir del colegio tras hacerse público parte del contenido de la auditoría, que apuntaba a graves irregularidades cometidas en el manejo de los fondos del Colegio de Médicos. El delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario. La Real Academia de la Lengua define como apropiación indebida al delito que comete quien hace suya una cosa que ha recibido con obligación de devolverla.

La denuncia contra Jesús Delgado Aboy por presunta apropiación indebida fue aprobada por una Asamblea del Colegio de Médicos de Melilla después de que la auditoría realizada por José Luis Sánchez Aranda, prestigioso economista, auditor y abogado a nivel nacional, revelara presuntas irregularidades durante al menos los dos últimos años de la presidencia de Aboy en el colegio.

En la auditoría, se subraya en las conclusiones que “en el transcurso de nuestro trabajo se han detectado diferencias que no han podido ser aclaradas satisfactoriamente y no hemos obtenido documentación justificativa suficiente de ciertas imputaciones contables”.

Del mismo modo, apunta que “la falta de documentación justificativa de las operaciones (…) es responsabilidad exclusiva de la Junta de Gobierno vigente en dicho periodo, que debió cuidar y guardar toda la documentación justificativa de los movimientos habidos en los periodos objeto del presente informe”.
“En el transcurso de nuestro trabajo -añaden- se han detectado diferencias que no han podido ser aclaradas satisfactoriamente y no hemos obtenido documentación justificativa suficiente de ciertas imputaciones contables”. Al respecto, asegura que “se imputó en el ejercicio 2018 como ingresos 72.000,00 euros del Fondo de Solidaridad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, y por otro lado no se han imputado gastos como la contraída con la Fundación de Patronato de Huérfano por 87.796,13 euros”.

¿En qué empleó el dinero?
A raíz de ello, el Juzgado de Instrucción número 3 ha pedido información de los gastos que habría cometido Jesús Delgado Aboy en “El Corte Inglés” presuntamente con la tarjeta bancaria del Colegio de Médicos. También ha solicitado los datos de las transacciones realizadas por Delgado al banco BBVA con fondos de la entidad que representa a los médicos melillenses.

De igual manera, se ha dirigido a la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), la mutua aseguradora de los profesionales sanitarios, después de que durante la etapa de Jesús Delgado Aboy se hubieran empleados miles de euros en la adquisición de muebles para el Colegio de Médicos, muebles que no aparecen por ningún lado.

Además, el juzgado ha citado al encargado de esta auditoría, el economista, auditor y abogado José Luis Sánchez Aranda, “para oírle en declaración en calidad de testigo el próximo día 4 de mayo de 2021” mediante videoconferencia.

Por último, el juez ha requerido a la acusación particular, que representa el Colegio de Médicos de Melilla, “para que aporte en soporte digital toda la documental que obra en su pode”, y de la que hacen referencia en su denuncia contra Jesús Delgado Aboy.

Los autores del delito de apropiación indebida son castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena, los jueces tienen en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

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Redacción

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