Con la aprobación de la nueva Ley Orgánica conocida como Ley Celáa se incluyen cambios en la admisión de alumnos, así como la explicitación de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación, que desafortunadamente está siendo negado cada año a cientos de niñas y niños en nuestra ciudad. En los últimos tres años, cada inicio de curso escolar en Melilla viene acompañado de varios listados de las Comisiones de Garantías de Admisión que, alegando falta de documentación, contiene alrededor de un centenar de nombres de niños y niñas que se han quedado sin escolarizar. Son menores que han nacido o residen en nuestra ciudad, en su mayoría hijos de personas migrantes que no pudieron regularizar su situación y se ven perjudicados por unas trabas burocráticas que destilan cierto racismo institucional.
Los motivos que cada año alega la Dirección Provincial de Educación es la falta de documentación que pueda probar la residencia en la ciudad, en este caso un certificado de empadronamiento, algo con lo que estos padres no cuentan por diversos motivos relacionados con una precariedad laboral y una desigualdad social heredada.
Esta Dirección Provincial ha estado incumpliendo sistemáticamente las resoluciones de la Secretaría de Estado de Educación sobre admisión de alumnos, en las que se estipula que dada la singularidad de Melilla como ciudad fronteriza, si los solicitantes no pudieran acreditar la residencia mediante certificado de empadronamiento, en su defecto se podrá acreditar “a través de certificado expedido por servicios sociales o aquel otro documento acordado por los órganos competentes en admisión de alumnos”.
