La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) ha resuelto la expulsión del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices del partido y por haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal “de extraordinaria gravedad” que afecta a su condición de representante institucional al ejercicio de su cargo. En un comunicado, Cs explica que De Castro incumplió las directrices del partido y por ese motivo el pasado 12 de marzo le abrió un expediente disciplinario que quedó resuelto el pasado martes, 30 de marzo. Así se acordó de acuerdo con el apartado k del artículo 116.1 de los estatutos vigentes del partido liberal: “Actuar en el ejercicio del cargo público de forma contraria a los principios y normas aprobadas por el partido, con deslealtad al partido, así como hacia sus órganos de gobierno, cuando perjudiquen gravemente su consideración ante la opinión pública”.
La formación naranja destaca que “los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable”.
Dos procedimientos judiciales
De Castro se encuentra actualmente implicado en un procedimiento judicial por una querella del PP por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación en el que ha sido citado a declarar como investigado junto a los consejeros de Hacienda y Distritos, Dunia Almansouri y Mohamed Ahmed, ambos de CPM.
Los tres estaban citados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla el 5 de marzo de 2021 por la creación de un nuevo centro de menores en el Fuerte de Rostrogordo en los primeros días del primer estado de alarma, si bien la citación fue pospuesta para el 12 de mayo.
A ello se une que, hace unos días, la Fiscalía ha pedido que De Castro declare como investigado por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa de Melilla junto con los exconsejeros de Hacienda y de Presidencia, Julio Liarte y Paula Villalobos, ambos nombrados por Cs y cesados en la remodelación del Gobierno a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo.
La fiscal jefe de Melilla, Laura Santa Pau, ha denunciado por un presunto delito de “prevaricación administrativa” a los tres en este procedimiento. Según el auto judicial, que ya avanzó días atrás este Diario, la representante del ministerio público ha acordado la remisión de la documentación que obra en su poder al Servicio Común de Registro y Reparto, Sección Primera de esta ciudad, “a fin de que, por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda, se incoen las oportunas diligencias previas y se depuren responsabilidades” en las que pudieran haber incurrido Eduardo de Castro, Julio Liarte y Paula Villalobos.
La fiscal jefe ha tomado esta decisión de tomar en consideración una denuncia ciudadana en la que se exponían las presuntas irregularidades cometidas por las tres autoridades cuando acabó el contrato mayor adjudicado a un empresario, dejando a la ciudad sin servicio de grúa por un tiempo hasta la concesión del mismo a un familiar del vicepresidente de Melilla y un posible daño a las arcas públicas de más de cinco millones de euros.
El ciudadano denunciante había remitido un amplio escrito a la Fiscalía de Melilla en el que pedía que actuara “ante las graves negligencias e ilegalidades que se están cometiendo por parte de los máximos responsables de la ciudad autónoma de Melilla”.
