El Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla ha citado para el próximo 4 de mayo a Dunia Almansouri para declarar en calidad de investigada por el caso ‘Búho-Taxi’, una iniciativa que puso en marcha en la Feria de 2019 con un miembro de la Asociación del Taxi próximo a CPM y no con el entonces presidente del gremio. Esta es la segunda imputación que suma la consejera, junto con el caso del Fuerte de Rostrogordo. La acusación particular está ejercida por el PP, que denunció esta cuestión, al entender que Dunia Almansouri, en aquellos momentos consejera de Distritos, habría cometido un presunto delito de prevaricación administrativa.
Esta es la segunda imputación que recae sobre la vicepresidenta primera de la Asamblea y actual consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, si tenemos en cuenta que una semana después, concretamente el 12 de mayo, la integrante de CPM, junto con el presidente Eduardo de Castro y el actual titular de Distritos Mohamed Ahmed, también está llamada a declarar como investigada, todos ellos por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, tras aceptarse otra querella presentada por el PP por la presunta concesión "a dedo" de la gestión del nuevo centro de menores de Rostrogordo.
En el caso “Búho-Taxi”, el querellante sostuvo que el convenio entre la Ciudad Autónoma y la asociación de autónomos del taxi, por el que la Ciudad subvencionaba los 5 primeros euros del coste del transporte en taxi durante dichos festejos para fomentar su uso, no se firmó con el presidente de la entidad, que es la persona legitimada, sino “con una persona vinculada a CPM”, además de que no se aprobaron las bases ni fueron publicadas.
Ello supuso, a juicio del denunciante, un incumplimiento de la Ley General de Subvenciones y del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma, además de las bases de ejecución del presupuesto, que impide pagar con anticipos de caja ese tipo de subvenciones, si bien afirmó que Almansouri, en una reunión en su despacho, dio esa orden, en contra del criterio de la directora general y el interventor de ente autonómico.
