La diputada local del PP Paz Velázquez calificó ayer la contratación del servicio de grúa municipal como “el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al Gobierno” regional, y afirmó que fue la causa por la que Ciudadanos (Cs) expulsó de sus filas al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro.
En rueda de prensa, Velázquez acusó a De Castro de faltar a la verdad cuando afirmó en su comunicado tras ser expulsado de la formación naranja que desconocía esta situación, pues aseguró que el presidente melillense sabía desde el 4 de marzo que la fiscal jefe de Melilla lo estaba investigando.
Velázquez mostró las diligencias, fechadas 8 días antes de que Cs iniciara el expediente que ha terminado con la expulsión de De Castro, por lo que lo acusó de mentir no solo a su formación política, sino también al conjunto de los melillenses y a los españoles en general, habida cuenta que este asunto “ha sido noticia a nivel nacional”.
También le afeó su “falta de gallardía política” porque no ha afrontado este asunto ante la opinión pública y en la comisión monográfica celebrada al respecto, “hizo gala de su irresponsabilidad total” entrando de manera telemática con el objetivo de “increpar” a la diputada popular.
Según Velázquez, De Castro solo trató de “justificarse de mala manera” antes de desconectarse sin que hubiera finalizado la sesión, y hasta ahora se ha limitado a “intentar salir al paso de un asunto de extrema gravedad”, que se suma a la imputación que ya tiene por otro caso, relativo al centro de acogida de Rostrogordo, por el que ha sido citado a declarar junto a dos consejeros.
En cualquier caso, dejó claro que el asunto de la grúa no solo compete a Cs, con la supuesta implicación de De Castro y dos exconsejeros de la formación naranja, sino “a todo el Gobierno por sustentar a un hombre doblemente investigado por la Justicia y que se ha convertido en un tránsfuga” al no entregar el acta de diputado tras su expulsión de Cs.
Gloria Rojas
Por ello, vaticinó que el asunto de la grúa “se va a llevar por delante a algunos políticos del Gobierno”, y señaló concretamente a la vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, consejera de Presidencia y líder del PSOE, Gloria Rojas, sobre quien el PP considera que debería ser llamada a declarar en calidad de investigada.
Velázquez cree que está implicada en este asunto al haber pagado las 10 primeras facturas del contrato supuestamente irregular del servicio de grúa, que suponen un desembolso de 300.000 euros de dinero público mientras tuvo responsabilidades en Seguridad Ciudadana entre 2019 y julio de 2020, cuando hubo una avocación de competencias.
“Algunas se pagaron fuera de contrato”, dijo Velázquez, que cree que Rojas “tiene que dar muchas respuestas ante una situación ilegal”, si bien lamentó que en la comisión telemática se negó a dar la información que estaba pidiendo el PP a pesar de que “tiene mucho que decir en este asunto”.
Por todo ello, expresó su rechazo a la “actitud negacionista” del Gobierno ante este asunto porque la considera “completamente absurda ante unos hechos irrefutables” y que ha generado no solo quejas de la Policía Local y reparos del interventor, sino también “una deuda millonaria” con la anterior empresa adjudicataria.
“Giro administrativo”: contrato de emergencia al anterior adjudicatario
Al hilo, Velázquez informó del “giro administrativo” que ha dado este asunto durante el pasado fin de semana, con la contratación por la vía de emergencia de la anterior empresa, que es la que había prestado el servicio durante 20 años y la única con solvencia técnica y económica y experiencia en el sector.
“No sabemos cuál es la emergencia, si es porque se ha judicializado, porque la fiscal ha imputado a De Castro y a los adláteres de Cs o porque lo han expulsado del partido, pero han hecho lo que desde el PP decíamos que había que hacer, que era fulminar el contrato manifiestamente irregular y hacer uno acorde a los procedimientos administrativos”, dijo.
