La coordinadora de los Servicios Jurídicos del Comité Español de Ayuda al Refugiado, Paloma Favieres, ha denunciado la situación vivida en de los centros de Ceuta y Melilla (CETI), en donde la pandemia afectó a sus internos de una manera "tan cruel" como lo hizo en los Centros de Internamiento de Extranjeros", señalando los programas de acogida de la Administración, liderados por distintas ONG, y los proyectos de acogida de la sociedad civil como "la verdadera alternativa" a los CIE que se cerraron durante la pandemia y que ha defendido en una mesa redonda que, bajo el nombre de 'Covid-19 e internamiento de inmigrantes: Lecciones (no) aprendidas', analiza el estudio realizado por Jesuit Refugee Service, en el que han colaborado.
Este documento, estudia el impacto de las medidas tomadas en materia migratoria por parte de siete Estados miembros de la Unión Europea (Bélgica, Alemania, Italia, Malta, Portugal, Rumanía y España).
Tal y como señala este documento, el único país de la UE que puso en libertad a todos los extranjeros internados en sus CIE durante la pandemia fue España, aunque en otros estados como Bélgica, Alemania o Italia, se liberó a personas de forma extraoficial. Por su parte, Portugal, Rumanía y Malta, mantuvieron a los extranjeros en los centros, incluso cuando el retorno no era posible.
Ante esta decisión, el a mantuvo la esperanza "de que la pandemia pudiera tener como efecto secundario positivo obligar a los responsables políticos a pensar en un sistema de inmigración sin internamiento". Sin embargo, el 23 de septiembre de 2020, España reabría sus centros y volvía a internar a los migrantes
