La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Melilla por su supuesta autoría en delitos contra los derechos de los trabajadores, explotación laboral, cuyas víctimas eran tres extranjeros en situación de vulnerabilidad, dada su situación irregular en España. Según ha informado en una nota de prensa la Jefatura Superior de Policía de Melilla, las víctimas son una mujer marroquí carente de la documentación requerida para trabajar en España, que desempeñaba su labor como cocinera en un bar, y dos tunecinos acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que trabajaban en una obra.
La primera actuación tuvo lugar el 29 de abril, cuando la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, detuvo a dos hermanos de nacionalidad española y “conocidos hosteleros por ser dueños de varias cafeterías en Melilla”.
La intervención policial derivó de inspecciones laborales realizadas de manera conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) sobre dos cafeterías melillenses, en una de las cuales detectaron a una mujer trabajando en la cocina, de nacionalidad marroquí y sin la documentación requerida para trabajar en España.
Según la Policía, los empresarios eran conocedores de sus delicadas circunstancias personales y familiares, “abusando de esta forma de su situación de necesidad para imponerle unas condiciones laborales injustas, las cuales la mujer se vio forzada a aceptar aun a sabiendas de lo desproporcionado de las mismas”.
Así, sus jornadas laborales eran de unas diez horas a cambio de unos 700 euros mensuales, sin estar dada de alta en Seguridad Social ni disfrutar del resto de los derechos reconocidos a los trabajadores por la Constitución Española y la normativa laboral.
La Policía asegura que la mujer “debía soportar unas condiciones ambientales en su puesto de trabajo que revestían especial penosidad”, ya que el sistema de extracción de humos no funcionaba, elevando la temperatura de la estancia de manera excesiva, hasta el punto de llegar la víctima a sufrir más de un desvanecimiento debido al calor.
En una obra
La otra actuación tuvo lugar al día siguiente con la detención de otros dos españoles que estaban empleando ilegalmente a trabajadores extranjeros en la zona de la barriada de Las Palmeras para realizar trabajos de pintura, albañilería y similares, sin mediar para ello contrato de trabajo alguno.
Uno de los empleadores se presentó fraudulentamente como presidente de la Asociación de Vecinos de dicha barriada.
Las víctimas son dos jóvenes de nacionalidad tunecina, solicitantes de asilo y acogidos en el CETI, según los cuales pactaron un salario de unos 30 euros diarios por trabajar unas diez horas de lunes a sábado, con una hora de descanso para comer.
Como no estaban sujetos a contrato laboral, no constaban adscritos a la Seguridad Social ni disfrutaban de cobertura sanitaria o cualquier otro beneficio derivado de dicha afiliación.
Ambas víctimas afirman que se les proveía únicamente de los materiales de construcción necesarios y no de material de protección adecuado para el desempeño de la labor requerida, y carecían de cobertura sanitaria y medidas de protección anticovid.
La Policía ha instruido atestados por ambas actuaciones que han sido elevadas a la autoridad judicial competente.
