La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, negó ayer que el contrato de emergencia que se llevó a cabo para crear un centro de menores en el camping del Fuerte de Rostrogordo en los primeros días de la pandemia fuera de mayor cuantía al que ya existía en el Fuerte de la Purísima. Almansouri respondió así a preguntas de los periodistas tras prestar declaración ante el juez, citada como investigada tras una querella del PP por presunta prevaricación administrativa y malversación, al igual que el presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro, y el consejero de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, Mohamed Ahmed.
La consejera negó una de las principales críticas del PP respecto al centro de menores de Rostrogordo, y dejó claro que el precio de referencia que se tomó para calcular el costo del contrato de emergencia para crear un nuevo centro es el del centro de La Purísima.
“El PP ha hecho sus cálculos, no sabemos con qué calculadora, porque le ha dado error”, ironizó.
Otra de las cuestiones que el PP alega es que el servicio empezó a prestarse antes de que hubiera un contrato, algo que Almansouri también negó al afirmar que no sabe si en realidad es un error de la formación popular, “o mienten a sabiendas y deliberadamente”.
En este punto, recordó que el PP “ha gestionado dinero público y sabe perfectamente que un contrato de emergencia se puede tramitar incluso con una llamada telefónica”.
En el caso del centro de menores, Almansouri subrayó que se tramitó en una situación de pandemia “en la que era todo muy complicado”, y en la que el Gobierno regional estaba preocupado, sobre todo, por la salud de los menores y de los propios melillenses.
Esta es una de las cuestiones que han explicado ante el juez, al que han aportado los documentos de la Fiscalía de Menores, que “requería al área del Menor que habilitara un segundo espacio para la atención de los menores”.
Real Decreto
En aquel momento, la consejera señaló que, unos días antes de que se decretara el estado de alarma, se publicó un Real Decreto de medidas económicas, por el cual las administraciones podían contratar por la vía de emergencia sus actuaciones por la pandemia.
Incidió en que también estaban habilitados para realizar el contrato de emergencia con el artículo 120 de la Ley de Contratos de Sector Público, que “es muy claro” en cuanto a que “incluso con una llamada telefónica se puede contratar la prestación de un servicio” y formalizar el expediente después, como se hizo hace unos días tras la caída de un muro en una playa por el riesgo que había para las personas.
Almansouri dijo que, si no fuera así, “no tendría sentido que fuera una contratación de emergencia”, ya que lo contrario supondría esperar los seis meses de media que dura cualquier tipo de procedimiento administrativo.
“Suficientemente claro”
Almansouri considera que la declaración de ayer en sede judicial, a la que acudió junto al consejero de Distritos, fue bien y contestaron a todas las dudas que tenían tanto el juez como la fiscalía y los abogados. A juicio de la consejera, “ha quedado todo suficientemente claro”.
