El Consejo General de la Abogacía Española se mostró ayer contrario al proyecto de Ley de Justicia Gratuita. Según una nota de prensa remitida por el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, la Abogacía considera que este proyecto de Ley supone un "menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos". Asimismo, rechaza que la Justicia Gratuita se vincule a la Ley de Tasas, una norma cuestionada ante el Tribunal Constitucional. El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla apuntó ayer, mediante una nota de prensa del Consejo General de la Abogacía Española, que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita supone un "menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos". Para la Abogacía Española, este proyecto "no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas cuantías constitucionales".
En cuanto a los prejuicios al ciudadano, la Abogacía Española señala que la supresión de la obligación de residencia del abogado de Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados "atenta gravemente" a la tutela judicial efectiva del ciudadano. Con el proyecto de Ley, cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción.
Asimismo, la Abogacía rechaza que este proyecto de Ley se vincule a la Ley de Tasas, por cuando la Justicia Gratuita es un derecho constitucional y, como tal, ha de sufragarse por las Administraciones Públicas Competentes y porque la Ley de Tasas, "una norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad y de varias cuestiones de inconstitucionalidad.
También tilda la Abogacía de "engañosa" la subida de los umbrales de acceso. Al respecto, subraya que los nuevos importes perjudican a las unidades familiares con una sola persona, ya que antes de la reforma se requería un umbral de 12.780 euros anuales, mientras que ahora se incrementa a 14.910 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.
El proyecto de ley, según la Abogacía, mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, lo que supone un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más del 90% de las solicitudes, expedientes y designaciones de Justicia Gratuita son ratificados por las diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar con una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita. Además, se incrementan las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de Abogados.
De igual modo, la extensión del derecho a Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) -al margen de sus recursos económicos- supone una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio. Este reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y aboca a este servicio de Justicia Gratuita a dificultades de viabilidad económica.
El proyecto de Ley supone, en opinión de la Abogacía, una "invasión" de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. También cree la Abogacía que el proyecto es "insuficiente" porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa.
La Abogacía coincide con el Gobierno en que, después de 18 años de vigencia de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es necesaria una reforma dialogada para adecuar este servicio a los ciudadanos a la actual realidad social y económica, abordando posibles disfunciones y dignificando el trabajo de los abogados del Turno de Oficio en beneficio de la población sin recursos. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su voluntad de colaborar activamente en el trámite parlamentario, buscando siempre el interés del ciudadano beneficiario de este servicio y trabajando por la dignidad del abogado que lo presta.
