El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla tiene previsto hoy tomar declaración al delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani y al coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín-Villaseñor, tras aceptar la querella presentada por la ONG Prodein y el principal partido de la oposición CPM, por la supuesta devolución de 12 de los 21 inmigrantes que entraron en "coches kamikazes" entre los días 7 y 10 de febrero de 2013.
Los rechazos se realizaron en aplicación del convenio entre España y Marruecos pero tanto CPM como Prodein sostienen que "no fueron identificados", según han informado fuentes judiciales. Estas dos organizaciones les acusan de la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales. La querella se entregó el 27 de diciembre, once meses después de sucederse los hechos. El titular del juzgado, Miguel Ángel Aguilar, también ha pedido a la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Melilla que especifique los pasos que se dieron para estas devoluciones y a la Comandancia de la Guardia Civil que detalle qué agentes identificaron y participaron en estas expulsiones.
La ONG y el partido político denunciantes han basado su denuncia en la rueda de prensa que dio Abdelmalik El Barkani el 13 de febrero de 2013, en la que informó de estas devoluciones en base al acuerdo de readmisión de inmigrantes pactado entre España y Marruecos en 1992 y publicado en el BOE en el año 2012. El Barkani subrayaba que tomaba esta determinación para frenar los "coches kamikazes", consistentes en vehículos repletos de inmigrantes (en un mismo vehículo llegaron a ir 12 personas) que accedían a Melilla a toda velocidad, llevándose por delante incluso parte de la garita de vigilancia de la Guardia Civil y dañando la verja de la frontera, cuyas puertas quedaron parcialmente descolgadas.
El delegado sostuvo entonces que era necesario "replantear la consideración" que se da a los inmigrantes que llegan a Melilla "violentando la frontera o prestándose al chantaje humanitario que favorezca el negocio de las mafias".
"Sin identificar"
Prodein y CPM, en cambio, consideran que estas expulsiones no se ajustan a la legalidad porque aseguran que 12 de los 21 inmigrantes "no fueron identificados" para saber por ejemplo "si entre ellos había menores de edad" porque al parecer fueron echados el mismo día. Tampoco entienden que se ajuste al convenio con Marruecos que esgrime la Delegación del Gobierno pues, conforme explicaron en la denuncia, el mecanismo que contempla no supone "la ausencia absoluta de trámites administrativos, ni la ausencia de derechos para los extranjeros".
De hecho, el convenio, que efectivamente permite agilizar los trámites para la devolución a Marruecos de quienes han cruzado desde su territorio hasta España sin autorización, especifica que los agentes españoles deberán identificar a los extranjeros para recabar cuanta información sobre ellos sea posible antes de entregarlos a las autoridades alauitas. Éstas, a su vez, deben expedir una documento que certifique la entrega.
Los denunciantes aseguran que estos doce inmigrantes sobre los que se interesa el juez "fueron conducidos sin tan siquiera ser identificados, ni conocer nada de sus circunstancias a Marruecos". "De hecho, podemos prever que ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", exponían en la querella.
La expulsión de los que accedieron violentamente vino acompañada de otras medidas preventivas de seguridad como la instalación de vallas en zigzag y la llegada de refuerzos policiales en los puestos de Beni-Enzar y Farhana, lo que hizo desparecer la llegada de "coches kamikazes" pero no así las "motos kamikazes", ya que el pasado viernes 7 febrero de 2014 consiguieron acceder cuatro personas usando este método.
