El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla ha acordado el sobreseimiento de la denuncia que el PP interpuso contra los miembros del órgano colegiado de Evaluación y Examen de las solicitudes presentadas en el SEPE-INEM para la adjudicación en el año 2009 de una subvención de 351.654,06 euros a la organización Asociación Acción Social Sin Fronteras (ASSF), próxima al PSOE, órgano que estaba conformado como presidente por Joaquín Arana (ex director provincial del SEPE-INEM), y Juan Carlos Sanmartín Gasulla y María Dolores García Pedraza como vocales. El PP señalaba que ese dinero se empleo para crear 45 puestos de trabajo para beneficiar a personas cercanas a la coalición que conformaban entonces PSOE-CPM. El instructor ha subrayado que de esos 45, sólo 7 personas (un 15,5%) tenían relación con estos partidos. En los fundamentos jurídicos, según la sentencia a la que ha tenido acceso MELILLA HOY, se señala que con fecha 23 de julio de 2009, Juan Ramón Montero Esteve, en representación del Partido Popular, interponía denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, posteriormente remitida al Juzgado de Instrucción número 5, en la que denunciaba la ilícita adjudicación de una subvención ascendente a 351.654,06 euros a la organización ASSF, beneficiaria de dicha subvención a través del director provincial del SEPE-INEM, a fin de beneficiarse de la misma militantes del PSOE y de CPM, coaligado a aquel, así como beneficiar familiares directos de los dirigentes de ambas formaciones, con flagrante ilegalidad de resolución de 1 de abril de 2008 de la Dirección Provincial en Melilla del SEPE, que aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con organismos y entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro en el territorio de Melilla, en régimen de concurrencia competitiva, habiéndose utilizado para cumplir promesas electoralistas y proporcionar puestos de trabajo que no pudieron ser proporcionados a través de la utilización fraudulenta de los Planes de Empleo, hechos que han sido investigados por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de Melilla
El denunciante señalaba que la concesión de la subvención a ASSF se encontraba amañada desde sus mismos orígenes de la convocatoria pública, ya que previamente ambas formaciones políticas habían confeccionado sendas listas integradas por personas desempleados que habían condicionado su voto a ambas formaciones a cambio de un empleo, amén de otras que en calidad de familiares, simpatizantes y militantes de PSOE y CPM, se les tenía que dar un puesto de trabajo. "Se otorga, por tanto, una subvención vulnerando el procedimiento administrativo para su concesión, pero es que además, se habrían saltado desde el SEPE a las personas que tendrían derecho a desempeñar el puesto de trabajo mediante la organización citada, para elegir de forma arbitraria a aquellos que las referidas agrupaciones políticas tenían seleccionados, todo lo cual fue urdido desde la cúpula de ambos partidos políticos en reuniones en la propia Delegación del Gobierno" que en esos momentos ocupaba Gregorio Escobar, del PSOE.
Sin embargo, el auto judicial señala que una vez practicadas las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular y las que de oficio se consideraron necesarias, estas dieron como resultados que "no consta la existencia de dos fases en la adjudicación de la subvención".
En relación con el hecho de que las personas contratadas habían sido votantes por correo de la coalición electoral que por entonces formaban PSOE-CPM a cambio de un empleo, el juzgado remitió un oficio al Grupo ECO de la Guardia Civil, cuerpo que había desarrollado la investigación del llamado "voto por correo", para que informase del listado de personas que habían sido contratadas por ASSF y sus particularidades. Así se informó que de los 45 contratados, sólo 4 votaron por correo. Asimismo únicamente tres personas mantienen relaciones de parentesco con responsables o mandatarios de PSOE-CPM. Del mismo modo, sólo uno consta que desempeñara en las elecciones generales de 2008 alguna función para la coalición electoral, de apoderado.
En consecuencia el Juzgado de Instrucción número 5 subraya que "de los 45 contratados, se aprecian posibles irregularidades en un total de 7 personas, lo que significa un 15,55%, lo que es una cifra de escasa relevancia en relación con los que hechos que se describen en la denuncia inicial".
Por otro lado y según el informe del perito socio-laboral, la Resolución de 1 de abril de 2008 de la Dirección Provincial del SEPE "es un tanto escueta en cuanto a su redacción y contenido" porque en lo referido a los criterios de valoración "no lo hace de manera concisa, a grandes rasgos, sin determinar exhaustivamente los criterios de valoración, simplemente dándoles aproximados, creando de esta forma una ambigüedad, que en su caso podría ser utilizada de forma subjetiva, favoreciendo o desfavoreciendo a cualquiera de las entidades que presentaron las solicitudes".
Aunque el instructor señala en el auto que acepta y asume íntegramente el contenido de la valoración del perito judicial, las circunstancias que expone el perito "no deben conllevar necesariamente a que en su proceder por parte de los miembros del órgano colegiado se haya incurrido en delito alguno".
El Juzgado señala además que el hecho de que la contratación definitiva de trabajadores quede en poder de las asociaciones, permite en una ciudad tan pequeña como Melilla que se rechacen trabajadores desempleados tras una entrevista inicial a la espera de que a través de una nueva preselección por parte del SEPE permita derivar a persona conocida o de ideología similar a la de la asociación beneficiaria, que es la que sería definitivamente contratada, para cuya evitación hubiera sido conveniente fijar límites adicionales que impidan el "enchufismo" o "amiguismo". No obstante, el instructor señala que todo ello no determina la existencia de una conducta delictiva, por lo que ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, y en particular, respecto de Joaquín Arana Torres, María Dolores García Pedraza y Juan Carlos Sanmartín Gasulla
Según ha podido saber MELILLA HOY, no se descarta no obstante que la causa pudiera ser reabierta respecto de otros posibles intervinientes o incluso dirigirla contra dirigentes políticos de practicarse nuevas pruebas.
