La consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, confía que en un mes se conozca la respuesta del Ejecutivo central en relación a las propuestas elevadas por la Ciudad Autónoma al objeto de modificar tanto la Ley de Protección Jurídica del Menor, como el Código Civil e incluso la Ley de Extranjería, al objeto de adecuar la legislación a las situaciones que se dan en estos momentos, como por ejemplo con los menores o jóvenes extranjeros que no quieren permanecer en los centros de acogida. Garbín, que señaló que en cualquier caso la Ciudad Autónoma siempre cumple "con la legalidad vigente" en este asunto, dijo no entender que se ponga en duda la política de menores de Melilla y no se planteen las ongs los motivos por los que estos MENAS huye del país vecino. Manifestó ayer la consejera de Bienestar Social que es la primera vez que se produce una situación como la de la semana pasada, en la que unos 19 menores extranjeros no acompañados que viven en la calle, se ocultaran en contenedores de cartón, poniendo en riesgo su integridad física. "Este tema es nuevo", afirmó, para a continuación responder a la ONG Prodein que en más de una ocasión ha dejado en el aire la pregunta sobre en qué condiciones estarán los menores acogidos en el Fuerte Purísima que prefieren vivir en la calle.
Condiciones adecuadas
Afirmó que "las condiciones del centro son las adecuadas" y que allí se asegura a los acogidos un techo, alimentos, asistencia sanitaria y educación. "Pero muchos están sólo el tiempo para comer y recibir la ropa para volver a salir, porque lo que quieren es viajar como polizones". La Policía y Guardia Civil realiza batidas en la escollera del puerto o por la ciudad y cuando localiza a estos menores, los conduce al Centro, del que vuelven a salir una y otra vez, la mayoría de las veces sin dejar que se inicie el expediente.
A los menores cuando acceden al centro, se les hacen las pruebas para determinar su edad, y a partir de ese momento se activa el protocolo habitual para escolarizarlos y darles de alta en la Seguridad Social para que dispongan de su tarjeta sanitaria. Reiteró que las condiciones del centro Purísima "son las adecuadas" y que desde la administración local "se actúa adecuadamente, dentro de la legalidad". Además recordó que la Ciudad "gasta muchísimo dinero en el programa de protección", unos ocho millones de euros. El Estado colabora con dos millones al año.
Indicó que las ONGs que critican a la Ciudad por la política de menores, cuando deberían preguntarse "qué ocurre en el país vecino para que los menores quieran venir a Melilla". Entendería que “estos temas se plantearan a nivel de Europa y de Marruecos, y no que se plantee la intervención que se hace en Melilla, cuando está suponiendo un verdadero problema para la ciudad".
La Ciudad Autónoma, dijo, "seguirá trabajando, invirtiendo dinero en esta materia, y elevando recomendaciones como hemos hecho para que pueda cambiarse la legislación, tanto la Ley de Protección Jurídica del Menor, como aquellas otras que como el Código Civil se refieren a la pérdida de la patria potestad al objeto de ampliarlas, y también pedimos que se ponga en marcha el trabajo de devolución de menores con Marruecos". Confía que en el plazo de un mes se conozca la respuesta del Ejecutivo central a todas estas cuestiones y entre tanto, se seguirá aplicando "la legislación vigente".
Tutela
Sobre la finalización de la tutela de los MENAS que no quieren vivir en los centros sino en la calle, indicó Garbín que "existen distintos criterios", y que dado que existen situaciones de menores a los que no da tiempo ni a hacerles las pruebas para demostrar que su edad, se ha pedido una ampliación de lo que contempla el código civil en cuanto al fin de la tutela para ajustarla a las situaciones que se dan. "Hay distintos criterios, como los que dicen que seguimos siendo tutores aunque estén en la calle o aunque no se les haya determinado si de verdad es menor" aunque la Ciudad no comparte esta interpretación.
Según dijo, en estos momentos se ha producido un repunte en el número de MENAS en Purísima, que atiende ya a 190. Sobre los jóvenes extranjeros que prefieren vivir en la calle, dijo que son un grupo de entre 25 y 30 chicos, pero a todos no se les ha podido realizar las pruebas de edad, por lo que existe la duda de que varios sigan siendo menores. Estos jóvenes lo que buscan es viajar como polizones a la Península.
Entre los MENAS en protección, recordó, hay niños y niñas de distintas nacionalidades, la mayoría marroquíes, pero también subsaharianos, como los bebés que se comprobó que viajan con adultos que en realidad no eran sus padres. "Estos son los casos de menores que más me preocupan, porque hay que tomar decisiones sobre su futuro". Además del programa de protección, recordó Garbín que en el centro de Reforma actualmente se encuentran cumpliendo medidas judiciales un total de 36 jóvenes.
