José A.A., el sargento del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) destinado en Melilla en 2003, "sacó, de manera proporcionada e ilegal", información confidencial sobre la operación antidroga 'Palmera', y la misma la utilizó para extorsionar a dos 'narcos' que estaban implicados y a los que les ofreció exculparlos de la trama a cambio de 120.000 euros. Todo ello por la situación económica "asfixiante y penosa" que estaba pasando en aquellos momentos, como consecuencia del proceso de divorcio, y prueba de ello, además del testimonio de un agente que aseguró que esto era muy conocido en la Unidad y que le llegaron a prestar dinero, es un escrito que el propio sargento le hace llegar a su abogado, Manuel Maza, en el que ofrece dos bienes embargables, una casa en La Alberca y terrenos en Santo Ángel, "cuando dijo que no tenía nada, y le advierte que aún está pagando deudas de cuando estaba con su mujer".
Así lo ha defendido la fiscal antidroga en la exposición de los informes, penúltima sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial con Jurado Popular, donde sostiene que "ha quedado acreditado el móvil económico por todas partes".
En todo momento, tanto el letrado como el propio acusado han defendido en el juicio que éste cumplió con su deber, un extremo que ha cuestionado la representante del Ministerio Fiscal puesto que si es cierto que observó esas irregularidades en la Unidad donde estarían implicados su teniente, así como jueces y demás miembros de la Guardia Civil, "por qué no acudió al juez de Almería, de Murcia, a fiscales; es que todos somos corruptos", ha preguntado.
Subordinado
Del mismo modo, "nunca" se entrevistó con personal de Asuntos Internos para trasladarle esta información y no acudió a ellos como debía haberlo hecho de manera legal, teniendo en cuenta que además esa información estaba declarada secreta por mandamiento judicial por lo que Asuntos Internos tampoco podía acceder a ella, y que estuvo sacando de una base de datos de la Benemérita de manera "ilegal" durante más de un año. Considera que J.A.A. "ha manipulado la realidad a su antojo, incluso utilizado a su subordinado, un agente de Servicios Internos".
"Asuntos Internos te protege y te garantiza el anonimato y abren una investigación y en caso de que no puedan solicitan al juez y al fiscal autorización para ello, porque cuando ven indicios de algo raro se mueven bien", ha recordado la fiscal, que ha destacado que esto "no existió", porque J.A.A. estaba sacando esa información de la operación 'Palmera' de manera "ilegal", que contenía entre tanta documentación un listado de telefónico de los implicados, todo ello obedeciendo a "fines delictivos".
Una documentación, ha vuelto a recordar, que sacó de la Comandancia de Melilla y que incluso, como el propio acusado ha reconocido, la trasladó a su domicilio y al de su suegra, en Marruecos.
"A saber qué uso se habrá hecho de esa documentación", ha argumentado la fiscal, para acto seguido hacer referencia a las palabras del acusado cuando dijo que no aportó a la causa toda la documentación que tenía de la operación 'Palmera' porque era "muy voluminosa", de manera que "ha aportado lo que le ha dado la gana y no sabremos nunca lo que hizo con la misma".
Por todo ello, ha dejado claro que el sargento procesado "se tomó la ley a su entender y la transgredió las veces que quiso". Estuvo sacando información confidencial durante más de un año y prueba de ello es que uno de los 'narcos' llegó a entregar, a través de su abogado, esta documentación con el sello acreditativo de la Guardia Civil.
Sin embargo, el procesado mantuvo en su versión en el juicio que se le prohibió el acceso a esa base de datos de la que sacaba esta información, a lo que la fiscal ha resaltado que cómo pudieron denegarle tal acceso si nadie sabía en febrero de 2004 que estaba haciendo uso ilegal de la misma, sino que no fue hasta julio de ese mismo año cuando las cámaras de seguridad le sitúan entrando y saliendo de las oficinas con una cámara de fotos en cuyo revelado había una instantánea del listado de teléfonos de la operación 'Palmera'. En ese momento, "se le expedientó y se fue de Melilla, a donde no ha vuelto más".
La fiscal ha adelantado que presentará una queja al escrito de conclusiones que aportó la defensa del sargento al entender que "no hace un relato de los hechos, sino valoraciones y no se ajusta a los requisitos". El letrado Manuel Maza ha comentado, al respecto, que el escrito está redactado con la normativa aplicable a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2 años y 5 meses de cárcel
Para la fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de cohecho para los tres acusados, con la atenuante de dilación indebida en el tiempo y para los dos narcos, además, la de confesión.
Así, ha modificado su escrito y ha reducido las penas. Para el guardia civil de Melilla en 2003 José A.C., la pena pasa de cinco años a dos años y cinco meses de prisión, una multa de 42.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de cinco meses, inhabilitación para empleo y cargo público por siete años y no de nueve, como inicialmente estaba previsto.
Para A.M.M reduce la pena de dos años a ocho meses de prisión y multa de 9.000 euros; mientras que para J.L.G.V., reduce la pena de un año y nueve meses de prisión a solo siete meses y multa de 1.000 euros.
La fiscal dice que J.A.A. "se ha callado muchas cosas", como el hecho de que pertenecía a uno de los dos grupos en los que estaba dividido el EDOA, y rectificó en cuanto al origen del dinero que le hicieron los dos narcos, tres ingresos de 3.000 euros cada uno.
Hasta la celebración del juicio, J.A.A. y su mujer afirmaron que ese dinero que estaba en la cuenta de ella, que se la abrió días antes de recibir estos reintegros, procedían del tío de su pareja para ayudarla a amueblar la casa. Sin embargo, ante el Jurado Popular sostuvo que "pudo ser alguien vinculado a su teniente" en el marco de esa trama y complot que ha venido manteniendo.
La cuestión que plantea entonces la representante del Ministerio Público es que si se enteraron que no era de su tío, por cuanto los ingresos se realizaron desde dos sucursales de Murcia cuando supuestamente el tío de la mujer residía en Francia, "por qué no lo devolvieron; se lo gastaron todo, dejando la cuenta con un saldo de 12 ó 18 euros".
Su mujer, Amina O, natural de Fez (Marruecos), expuso al Jurado Popular que no tenía tarjeta de crédito de esa cuenta, por lo que los reintegros que constan en el cajero que retiró en sucesivas ocasiones los hizo, obligatoriamente, con la libreta de ahorro; sin embargo, ella aseguró que toda la documentación de la cuenta no ha aparecido desde que la dejó olvidada en el coche de la esposa del teniente. De manera que, a todas luces, según la fiscal, esa cuenta se abrió única y exclusivamente para "recibir el dinero" de los narcos.
J.A.A también ha sostenido que no conocía a los dos 'narcos', pero cómo pudo ser este extremo si, como ha expuesto la fiscal, uno de ellos no pidió protección de testigos cuando declaró porque no temía ser descubierto por este guardia civil, ya que lo conocía con anterioridad. Pruebas todas ellas de que tanto J.A.A. como los dos narcos, A.M.M y J.L.G.V., cometieron un delito de cohecho, a los que se les aplicará la atenuante de dilación indebida, así como a los dos últimos, la de confesión, solicitando para todos ellos veredicto de culpabilidad.
