Al menos 14 personas eran detenidas por la Brigada de la Policía Judicial y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3, que ordenaba el ingreso en prisión, acusados de participar en una estafa a la Seguridad Social por un valor de cien millones de pesetas. El fraude consistía en el cobro de prestaciones sociales por personas distintas a aquellas a las que se les correspondían realmente esos subsidios estatales.
CCOO pedía al delegado del Gobierno socialista, Manuel Céspedes, que investigara las últimas contrataciones de la Autoridad Portuaria, a objeto de aclarar en qué medida se habían podido vulnerar las leyes y normas que regulan el empleo.
Se reabría, con horario restringido, el Túnel de la Florentina, tras su derrumbe.
